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La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, realizó este jueves en Valladolid balance de su actividad al frente de la Delegación del Gobierno, una intervención en la que tuvo palabras para la situación de las comarcas mineras, poniendo a la Ciuden y a la Universidad de León (ULE) como agentes importantes de cara a su reindustrialización.
La delegada del Gobierno se felicitó por el acuerdo firmado a finales de octubre entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal del sector de las minas del carbón. “Es una muestra de la apuesta del Ejecutivo de España para que esta reconversión se lleve a cabo con garantías de futuro, tanto para las personas como las comarcas mineras”, declaró. También mencionó el nuevo proyecto de la Ciuden para buscar una alternativa “justa” para vecinos y territorios y la recuperación del Reindus, dotado con 400 millones de euros en las convocatorias de 2018 y 2019. En ese sentido, animó a los inversores y empresarios a presentar sus proyectos y acudir a este programa.
Virginia Barcones avanzó que el encuentro que pretende ofrecer soluciones a la reindustrialización tras el cierre de las minas del carbón, con la participación de numerosos actores, tendrá lugar en enero. Significó el papel importante que debe jugar la ULE para que toda la capacidad que tiene la provincia “se transforme en oportunidad”, gracias a la canalización de toda la financiación disponible (Fondos Miner y Reindus, entre otros), la colaboración de los empresarios y el trabajo transversal de todos los ministerios.
Por otro lado, recordó que la agricultura y la ganadería es una “prioridad” para el Gobierno de España, tal y como quedó demostrado hace unos meses en Valladolid por el ministro del ramo, Luis Planas, quien señaló que se trabaja para mantener los cerca de 1.100 millones de euros anuales que llegan a Castilla y León por la Política Agraria Común (PAC).
“Inacción” de la Junta
La delegada del Gobierno reconoció que el principal problema de Castilla y León es la despoblación, después de comprobar que el año 2018 “tampoco ha dado tregua”. Aseguró que las cifras en la materia son “alarmantes” y las proyecciones de futuro son “devastadoras”, que amenazan en convertir a la región en un “desierto”. En su opinión, “muchos de los males que sufren los castellanos y leoneses derivan de la inacción del Gobierno regional durante los últimos 29 años en los que un diagnóstico sabido se ha transformado en una enfermedad de difícil solución”.
Frente a eso, destacó la labor del Ejecutivo central que ha logrado “poner en la agenda política nacional” y asumir como un problema de Estado la despoblación. “El Gobierno se pone de frente y no de perfil”, expuso, además de reclamar el trabajo coordinado de todas las administraciones, “sin eludir nuestra responsabilidad, escudándonos en la acción de otras instituciones o gobierno”.
Virginia Barcones alabó los pasos dados por el Gobierno con el Comisionado para el Reto Demográfico y reconoció tener “muchas esperanzas” en las líneas de acción que serán presentadas en primavera. “Deben servir para empezar a encauzar esta amenaza y que no se cumplan los peores augurios”, sentenció.
Perfil político
Barcones abogó por dar un perfil político a la Delegación del Gobierno porque, a su juicio, la política es la mejor manera de transformar la sociedad y así ofrecer mejores condiciones de vida a los ciudadanos de la Comunidad. “Hace falta que la Delegación ejerza influencia política en el Gobierno de la Nación para mejorar Castilla y León”, consideró.
Por último, expuso las recientes medidas aprobadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para incrementar las pensiones de 611.000 castellanos y leoneses, aumentar el salario mínimo a 900 euros a 170.000 trabajadores de la Comunidad y subir el salario de 163.000 funcionarios. Cifró que esos reales decretos supondrán 236 millones de euros que permitirán generar riqueza y mejora de la economía frente a la crisis y las “políticas austericistas” del anterior Gobierno.
