El magnate minero Victorino Alonso se volverá a sentar en el banquillo de los acusados, desde el próximo lunes 8 de abril, para ser juzgado en la Audiencia Provincial de León por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente en la explotación minera a cielo abierto de El Feixolín, en el municipio de Villablino. Junto a él también están citados, el jefe de la explotación minera José Tascón y el que fuera alcalde de Villablino Guillermo Murias.
El Ministerio Fiscal, solicita para Alonso y Tascón una condena de ocho años y tres meses de prisión y para Murias una pena de quince meses de cárcel. A los dos primeros se les acusa de un presunto delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente, en concurso ideal con un delito contra la ordenación del territorio mientras que al ex-alcalde de un presunto delito de prevaricación urbanística.
En la causa también figura personada, como acusación particular, la mercantil Narsil S.L. En concepto de responsabilidad civil, la fiscalía pide a los acusados que indemnicen de forma solidaria para que la Junta de Castilla y León pueda llevar a cabo la recuperación completa del espacio natural. A la vez, también solicita que se compense económicamente a Antonio Arias y la mercantil Narsil S.L con una cantidad que oscilaría entre los 130.000 y los 157.000 euros.
El caso comenzó hace diecisiete años tras la denuncia presentada por Antonio Arias Tronco, propietario de unos terrenos en los que percibió daños a causa de los trabajos en el paraje de el Feixolín.
En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía señala que, entre 1995 y 2008, las empresas Minero Siderúrgica de Ponferrada SA y Coto Minero Cantábrico SA explotaron de forma continuada una mina de carbón a cielo abierto mediante la construcción de una cantera en el Feixolín. Asimismo, apunta a que la actividad “se desarrolló sobre 210 hectáreas de manera plenamente consciente, deliberada, en suelo calificado de rústico común y rústico de especial protección forestal sin contar con licencia municipal de apertura, licencia urbanística ni declaración de impacto ambiental”.
El fiscal también sostiene que la explotación carecía de diversas autorizaciones a pesar de encontrarse enclavada en un espacio natural integrado en la Red Natura 2000, que sufrió una afectación “gravísima” para el medio ambiente, que todavía perdura a pesar de la restauración realizada en esta zona.
