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El Tribunal de Cuentas ha decidido trasladar a su Sección de Enjuiciamiento la investigación que determinará la posible responsabilidad contable sobre las presuntas irregularidades en la gestión municipal del contrato del Matadero de Villablino (León). Lo hace después de que el Consejo de Cuentas de Castilla y León trasladara el caso en julio del pasado año, al apreciar “indicios razonables de responsabilidad contable y penal” en la documentación aportada por el concejal de Laciana Avanzas en el Ayuntamiento de Villablino, Víctor del Reguero, según informó hoy la formación.
Así, a partir de ahora el máximo órgano fiscalizador de las cuentas del Estado nombrará un instructor para investigar los hechos, no atendiendo la petición de archivo de las actuaciones hecha desde el Ayuntamiento de Villablino y accediendo a lo que solicitaban tanto el Ministerio Fiscal del propio Tribunal, como Laciana Avanza.
En un auto, cuya ponente ha sido la ex ministra de Justicia y actualmente consejera de Cuentas, Margarita Mariscal de Gante, se resumen los hechos producidos desde la firma del contrato de gestión del servicio público del matadero en 2005 hasta su rescisión diez años después, señalando que “el incumplimiento de las obligaciones por el concesionario y la dejación de responsabilidades habrían provocado que las instalaciones, que supusieron una inversión de 1,5 millones de euros, se hallen en un estado muy deficiente y se hayan comprometido de manera irreversible”.
Laciana Avanza señala en un comunicado que lejos de quedarse en esos daños, la falta de control y diligencia sobre el cumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del Ayuntamiento de Villablino provocó que el impago de obligaciones de Seguridad Social por parte del concesionario del matadero, recayera en las arcas municipales, con un perjuicio para los fondos públicos de al menos 775.594 euros, según reconoce un informe de la Intervención Municipal.
Unas cantidades que, a juicio de la formación, suponen “un escándalo por sí mismas, pero más en un ayuntamiento con una situación económica como la que tiene el de Villablino y con unas perspectivas contables en progresivo descenso”.
El auto del Tribunal de Cuentas hace también hincapié en el incumplimiento del plan de inversiones cuya materialización era tácita para mantener y prorrogar el contrato, además de la inexistencia de una póliza del seguro de responsabilidad exigido en el contrato y los numerosos procedimientos sancionadores contra el concesionario en materia de derechos y libertades de los extranjeros o por infracciones laborales, de los que el Ayuntamiento de Villablino tuvo conocimiento oficial pero no rescindió el contrato hasta tres años más tarde.
Vía penal
Hace unos días se conocía que la Fiscalía de Área de Ponferrada había decidido interponer denuncia penal en relación a los hechos, al apreciar indicios de delito de prevaricación y malversación de caudales públicos “en la conducta llevada a cabo por el Ayuntamiento de Villablino una omisión en su deber de control de la gestión del matadero municipal, con absoluta falta de diligencia en su deber de vigilancia de los caudales públicos”.
La Fiscalía solicitaba la práctica de varias diligencias desde los juzgados, entre ellas la remisión del expediente administrativo de la contratación del matadero y su gestión, así como requerir al Ayuntamiento de Villablino la identificación de cargos públicos y funcionarios encargados de su control y gestión.
