Uno tiene la sensación de que el problema catalán se nos ha ido de las manos. Y que puede ser irreversible. Está claro que hay dos realidades. La que viven gran parte de catalanes en la propia Cataluña y cómo vivimos desde fuera el problema catalán. Y algo no cuadra. Hablamos lenguajes distintos y no me refiero precisamente al idioma. Es como si viviéramos en dos espacios contrapuestos. Lo que para la lógica española es el respeto a la legalidad, a la Constitución y a las sentencias del Tribunal Constitucional; algunos –muchos- catalanes creen en su propia legalidad, emanada de su propio Parlamento. Y dan preferencia a la legalidad catalana sobre la española. Este es el meollo.
¿Estamos ante un problema político o judicial? Para la inmensa mayoría de los españoles se trata de un problema judicial. En la España del siglo XXI no se juzga a nadie por sus ideas sino por sus actos y en este caso está claro que los dirigentes catalanes han conculcado de forma reiterativa las leyes constitucionales españolas y deben dar cuenta de ello ante los tribunales. En el otro lado se cree que es un problema político y que en política los conflictos se resuelven dialogando, negociando y contrastando pareceres en las urnas. Y las urnas han hablado de forma reiterativa en los últimos años y lo que dicen es que los partidos independentistas avanzan, lentamente, pero avanzan hasta el punto de que tienen mayoría absoluta en el Parlamento catalán. Es cierto que la suma es dispar, ya que se unen churras y merinas, es decir nacionalistas moderados con extremistas independentistas, añadiendo a democristianos, liberales, antisistemas, socialistas e izquierdistas moderados. En el seno de esa suma está el germen de una futura confrontación, sí, pero eso será a posteriori, cuando Cataluña sea independiente, si es que alguna vez lo es. Ahora lo que une a todas esas fuerzas es el enemigo común, es decir España y su oposición al futuro estado catalán.
Así las cosas, ayer los líderes independentistas echaron un nuevo pulso a las instituciones españolas. Tres líderes de la anterior Generalitat comparecían ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y lo hicieron con una auténtica demostración de fuerza. Suena a provocación y a chantaje, evidentemente. Estos líderes catalanes ya dan por superadas las instituciones españolas y ahora se esfuerzan en convertirse en mártires, en ser condenados por una justicia que no reconocen. Ese es el dilema. Si los tribunales absuelven a estos líderes independentistas acusados de prevaricación y desobediencia por haber organizado el referéndum del 9 de noviembre de 2014 serán unos héroes; si son condenados serán unos mártires. En cualquiera de los dos supuestos, el proceso independentista habrá experimentado un nuevo estirón.
Y la provocación va a ir a más. Ya se habla de una Hacienda catalana capaz de gestionar todos los impuestos de todos los ciudadanos catalanes. La sanidad y la educación ya llevan años en manos de los catalanes nacionalistas. De ahí el éxito de este proceso. Educando a los más jóvenes hacia el odio a lo español el desenlace al cabo de los años es el lógico y previsto: la independencia.
La clase política española, claro está, no ha estado a la altura de las circunstancias. Cataluña ya es un problema podrido. A ver ahora quien lo resuelve desde Madrid en un escenario de partidos políticos divididos, enfrentados y, por ello, sin posibilidad de llegar a un consenso en materia tan delicada. ¿Se va a hacer uso de la fuerza para imponer una Constitución que gran parte no hace suya? 2017 va a ser clave. Cataluña es el gran problema.
