El Pscyl presentará alegaciones al Real Decreto por el que se regulará el cierre de las instalaciones de generación eléctrica

El partido socialista de Castilla y León presentará sendas alegaciones, -dentro del período de consulta pública abierto por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital-, al proyecto de Real Decreto por el que se regulará el procedimiento de cierre de las instalaciones de generación eléctrica.

La primera cuestión que se plantea desde las filas autonómicas socialistas, amparándose en la ley del sector eléctrico, es que el Gobierno puede decidir mantener operativa una central por seguridad del sumunistro, cambio climático y/o impacto en el precio final de la energía eléctrica. En todo caso, apuntan desde el PSOE de Castilla y León que, debe tenerse en cuenta el hecho de que “nos encontramos en un período de transición energética con un creciente papel de las energías de origen renovable“.

Además, la agrupación recuerda que “según una simulación realizada por el Operador del Mercado (OMIE) de no disponer de las centrales de carbón autóctono, se obtendría una elevación media del precio del mercado eléctrico del 3,52% -un sobrecoste de 350 millones de euros al año para los consumidores-“. Por tanto, instan al Gobierno a que impida el cierre de las centrales térmicas que se alimentan con carbón nacional. “Su funcionamiento como energía de respaldo a las de origen renovable debe tener preferencia sobre las centrales nucleares, sobre las térmicas alimentadas con carbón de importación y sobre las centrales alimentadas con gas”.

Además, piden a la administración central que obligue con urgencia a las centrales térmicas situadas en zonas mineras -Compostilla, La Robla, Guardo o Anllares-, a que se doten de los mecanismos de desulfuración y desnitrificación que exige la directiva europea de Emisiones Industriales para poder seguir operando más allá de 2020. Asimismo, desde el PSOE de Castilla y León se demanda que el Gobierno revitalice e impulse los trabajos de la Fundación CIUDEN para la captura del CO2 -Cubillos del Sil-, y su confinamiento -Hontomin, Burgos-“injustificadamente paralizados”.

Por último, la agrupación alega que “si las centrales no se mantienen plenamente operativas y proporcionando energía eléctrica al sistema cuando se demande, debe recurrirse a la expropiación forzosa por razones de utilidad pública e interés social. La indemnización al titular solo podrá ser simbólica porque con la solicitud de cierre está reconociendo que la instalación está totalmente amortizada”.