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Las Cortes de Castilla y León, con los votos a favor de PP, PSOE y UPL, cerraron filas hoy de nuevo con el carbón autóctono hasta el año 2030 y pidieron al Gobierno central que diseñe una “transición adecuada y razonable” para las comunidades y los municipios mineros, a la vez que exigen que las eléctricas realicen las inversiones pendientes y que se elimine el impuesto especial al carbón.
La proposición no de ley del Grupo Popular, a la que se presentaron enmiendas del Grupo Socialista -igual al texto popular pero con el calificativo de carbón autóctono y para diseñar una transición adecuada y razonable- y de Podemos -también para una transición justa, como defendió Ricardo López- recogió la abstención de Podemos, Ciudanos e IU.
El texto incluye mejoras del PSOE, pero el debate estuvo marcado por la critica mutua entre populares y socialistas, a las que se unieron Podemos y Ciudadanos. “Se trata de fijar posición en defensa de la continuidad del carbón”, afirmó Salvador Cruz (PP), que admitió el “futuro limitado” del carbón hasta 2030 pero añadió que la transición justa no es el cierre.
El socialista Óscar Álvarez enmarcó la PNL del PP en un “interés electoral” y recriminó a este partido que no hiciera durante su Gobierno un plan de transición consensuado con los agentes sociales, para censurar que hayan “engañado” a las cuencas. “¡Vayan a las cuencas para pedir perdón, si quieren ser creíbles!, solicitó.
“Es el día de la marmota”, calificó de entrada Manuel Mitadiel (Ciudadanos), que tildó de “puramente electoral” la proposición del PP y censuró que se genere una ilusión en las cuencas de que el nuevo Gobierno pueda dar una solución. “Mantener abiertas las térmicas es a base de dinero”, advirtió, pero lamentó que no se exijan las inversiones pendientes del Plan del Carbón ya que consideró que el mantenimiento y la transición justa deben ser iguales en la reivindicación.
El procurador del Grupo Mixto (UPL), Luis Mariano Santos, lamentó que las políticas que está planteando la actual ministra de Transición Ecológica son “las mismas” que en su momento puso sobre la mesa el Gobierno del PP, por lo que advirtió a los socialistas de la posibilidad de que les ocurra lo mismo que a los populares’ y puedan perder respaldo en las zonas mineras por las políticas propuestas.
Igualmente, Santos denunció la ausencia de un plan de futuro, ni por parte de la Junta ni del PSOE. “Podemos venir aquí y seguir hablando de todas esas cosas, pero eso no es el futuro”, advirtió Santos, quien recordó que si el problema no obtuvo soluciones hace 30 años, no lo tendrá ahora “con las mismas políticas” para un oficio “muy duro” y que no ha tenido “privilegios”.
En la propuesta de resolución aprobada, piden que el Gobierno aborde la transición energética desde los compromisos medioambientales, el menor coste energético para familias y empresas y la seguridad de suministro; el impulso de las energías renovables, con la proridad de convocar subastas específicas para la biomasa; mantener el carbón en el mix energético y la generación térmica hasta 2030.
Por otro lado, solicita al Gobierno que inste a las empresas eléctricas propietarias de las centrales de Compostilla y La Robla a realizar las inversiones necesarias pendientes para su continuidad hasta 2030; a modificar los criterios de cierres para impedir el de Velilla; a establecer un procedimiento de devolución de ayudas cobradas desde 2011 que permita la continuidad de las explotaciones rentables a partir del 1 de enero de 2019 y, finalmente, a que se inicien las negociaciones de los contratos de compraventa de carbón para el próximo año.
Además, con las aportaciones de los grupos, se pide al Gobierno que diseñe una transición adecuada y razonable, fortalecer el proyecto de la Ciuden y eliminar el impuesto especial al carbón, en los mismos términos que se ha hecho con el gas.
