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El diputado de Podemos y secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de la formación morada, Rafa Mayoral, defendió este jueves la necesidad de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) se convierta en una “herramienta de reindustrialización” de las comarcas que están sufriendo las consecuencias del proceso de transición ecológica puesto en marcha desde el Gobierno. Desde las puertas de la central térmica de Compostilla, en el municipio berciano de Cubillos del Sil, a donde acudió a dar su apoyo a los trabajadores de las empresas auxiliares que protestan desde hace más de un mes para que se les incluya en el plan social de cierre de las instalaciones, Mayoral insistió en que “el Estado se tiene que hacer responsable y garantizar el empleo con iniciativa económica”.
En ese sentido, el diputado por Madrid echó en falta “vectores de desarrollo industrial” que relancen la actividad económica en las comarcas tradicionalmente mineras y recalcó que la función del Ministerio de Industria debería ser “crear puestos de trabajo y no gestionar los cierres industriales en nuestro país”. “Somos los más tontos de Europa, los que hacen el trabajo sucio a las empresas transnacionales”, criticó.
En cuanto a la situación de los empleados de las empresas auxiliares en la central, Mayoral defendió una modificación del régimen general de subcontratación para evitar la “discriminación salvaje” que se produce entre los trabajadores de la empresa matriz y los de las subcontratas. “Hay que poner el rescate social en el centro de la política, nadie se puede quedar fuera de los planes sociales”, afirmó.
Por su parte, la diputada de Podemos por León, Ana Marcello, también criticó la existencia de “empleados de primera y de segunda” y lamentó que el proceso de transición ecológica no garantiza la continuidad del empleo a los trabajadores de las subcontratas. “La transición ecológica y justa es el pacto de las tres mentiras, porque no es justa con los trabajadores ni con las comarcas, ni es ecológica”, subrayó Marcello, que se afeó al Gobierno que siga apostando por las nucleares, pero no por las térmicas.
En esa línea, recalcó que este proceso de transición “tiene que tener en cuenta a las comarcas mineras y a los trabajadores” y exigió a los Ministerios de Industria y de Transición Ecológica que, antes de las elecciones, se comprometan a garantizar los mismos derechos para los trabajdores de las auxiliares. “Es una cuestión económica y social para la comarcas mineras”, resumió.
Por último, el portavoz de las auxiliares, Alonso Roa, recordó que a día de hoy ya ha habido 40 despidos a los que se sumarán siete más el próximo jueves. “Ninguno de ellos está trabajando en el desmontaje de la central”, lamentó Roa, que insistió en la petición para que la Junta que cree una mesa de diálogo en la que Endesa explique su plan social. “Queremos que nos digan qué van a hacer con nosotros”, explicó.
Tras más de un mes acampados a la puerta de la central, el representante de los trabajadores reclamó a los políticos “que se unan para defender a la comarca” y comprometió la continuidad del campamento de protesta. “No vamos a levantarlo, buscamos trabajo, no pedimos otra cosa”, resumió.
