Un total de 11.693 sanciones por saltarse las medidas impuestas por el estado de alarma frente al covid-19 han sido notificadas o están proceso de hacerlo en Castilla y León, por lo que los infractores podrán abonarlas o recurrirlas como ya han hecho algunos ciudadanos. En conjunto, se han impuesto 13.035 en total por diferentes conductas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la Comunidad.
En ese sentido, según los datos del Ministerio del Interior a los que tuvo acceso Ical, el 89,7 por ciento ya han sido remitidas a los infractores en Castilla y León. Entre las que se han notificado, 835 sanciones han sido pagadas para poner fin al procedimiento abierto por incumplir las restricciones, mientras que 200 han sido recurridas por no estar de acuerdo con el procedimiento sanción abierto.
Tras casi tres tres meses de estado de alarma, la provincia con más sanciones incoadas es Burgos, con un total de 2.862, seguida a bastante distancia por Valladolid con 1.868 y Segovia, con 1.850. En el lado opuesto figuran Soria con 710; León, con 831 y Salamanca con 1.047. Más alta fueron las cifras de Palencia (1.470), Zamora (1.208) y Ávila (1.189).
De forma paralela, se están notificando o ya se ha hecho 2.534 sanciones en la provincia de Burgos, seguida de Valladolid, con 1.786; Segovia, con 1.341, y Palencia, con 1.276. También han sido enviadas a los domicilios 1.136 propuestas de sanción en Zamora; 1.117 en Ávila; 1.032 en Salamanca; 813 en León y 658 en Soria.
De las 835 que han sido pagadas en Castilla y León, destaca Zamora donde no se registra ninguna abonada. En el lado opuesto destaca Segovia con 170 satisfechas; Palencia, con 138; Ávila, con 131; Burgos, con 111; Valladolid, con 91; Salamanca, con 87; Soria, con 71, y 36 en León. Además, en paralelo, se han recurrido 130 sanciones en Valladolid y 70 en Soria.
Las sanciones por incumplir el confinamiento del estado de alarma conlleva multas que pueden oscilar entre los 601 euros y los 30.000 euros en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como ‘ley mordaza’ que el Ministerio del Interior ha propuesto derogar. De esta forma, la incoación de los procedimientos sancionadores se inician por la presunta comisión de infracción de desobediencia a la autoridad del artículo 36.6 de la controvertida norma, que fue aprobada en 2015.
Íscar y Covaleda
Dos de los comportamientos sancionados y que tuvieron una mayor repercusión fueron los registrado en abril en Íscar (Valladolid) y Covaleda (Soria). A principios de mes y en el momento más duro de la pandemia, un grupo de vecinos de la localidad soriana organizaron en la calle Las Losas unos ‘sanfermines’ con los que se saltaron las normas establecidas en el estado de alarma. La Guardia Civil identificó a todos los participantes, a través del vídeo que se habían grabado.,
También en ese mes se conoció que un grupo de 18 personas organizó un baile en una calle de la localidad de Íscar. Los vecinos grabaron la escena y las imágenes se difundieron por varios grupos de mensajería instantánea y por una red social. Los hechos tuvieron lugar tras los minutos reservados para los aplausos de las 20 horas.