El Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) de Villablino, diseñado para 200 plazas, podría ver seriamente comprometida su operatividad tras la limitación impuesta por la Junta de Castilla y León a la capacidad de estos centros. Así lo denunció la procuradora socialista por León, Nuria Rubio, en el Pleno de las Cortes autonómicas, donde calificó la medida de “obstáculo para proyectos humanitarios” y un “boicot a iniciativas de desarrollo en municipios que luchan contra la despoblación”.
La Orden autonómica, emitida el 28 de octubre de 2024, establece un tope de 60 plazas en centros de acogida ubicados en municipios de menos de 20.000 habitantes, lo que afectaría directamente al CAPI de Villablino. Este proyecto, financiado con 13 millones de euros por el Gobierno de España, busca no solo ofrecer refugio a quienes huyen de la guerra y la persecución, sino también contribuir a la recuperación económica de la zona, gravemente afectada por el cierre de las explotaciones mineras y la pérdida de población, según señalan los socialistas en un comunicado.
Rubio instó a la Junta a anular esta orden y a dialogar con los ayuntamientos para consensuar las decisiones sobre estos centros. Según la procuradora, la limitación impuesta “no solo es restrictiva, sino que refleja una actitud xenófoba y racista”, al impedir que los municipios en declive puedan beneficiarse de la llegada de nuevos vecinos y del impulso económico que estos proyectos conllevan.
Desde el PSOE también se acusó al Ejecutivo autonómico de interferir en competencias estatales, ya que la política de asilo y migración es exclusiva del Gobierno central. En este sentido, Rubio recordó que los centros de acogida de protección internacional son de titularidad pública y forman parte de la primera fase del sistema de asilo, por lo que no deberían estar sujetos a regulaciones autonómicas que restrinjan su capacidad.
“Demostremos que Castilla y León es, y siempre será, una tierra acogedora y solidaria”, concluyó Rubio, exigiendo al Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco que “haga lo correcto” y elimine una medida que, según los socialistas, solo contribuye a la exclusión y el retroceso de zonas que necesitan oportunidades para crecer.
¡Qué bien! El ratio de un acogido por cada cuarenta habitantes parece demasiado, ahora queda en un acogido por cada ciento treinta y tres habitantes.
Oportunidad de oro para volver a solicitar el Parador – promesa incumplida de Zapatero – , se necesitará para acoger a los turistas que viajen en el Ponfeblino, que no dudo será un “exito”.