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Los presidentes de las comunidades autónomas gestionarán la fase 3 del plan de desescalada en su territorio hasta el punto de que ellos decidirán el tiempo en el que estarán en esta última fase antes de llegar a la llamada nueva normalidad.
Así lo trasladó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa que ofreció este domingo desde el Palacio de la Moncloa, al término de la duodécima Conferencia de Presidentes.
Sánchez explicó que cada presidente autonómico decidirá si deben estar dos semanas o diez días en la fase 3 y que, al tiempo que decidan, como autoridad competente, “el Gobierno no podrá objeción”.
Dentro de esta gobernanza en manos de las autonomías, Sánchez explicó que serán los presidentes quienes “dirán si consideran que hay que levantar el estado de alarma” en su comunidad, porque son ellas las que tienen en esa fase la competencia de sanidad.
En el caso de rebrotes, como ya se han dado en algunos puntos como “fruto de la irresponsabilidad de algunas personas”, Sánchez comentó que será cada gobierno regional el que decida qué hacer pero que, si lo piden, desde Sanidad y el Gobierno se les aportará la “opinión” de los expertos.
A este respecto, Sánchez recordó que así fue “como empezó todo” con pequeños focos, por lo que apeló en varios momentos de la rueda de prensa a la responsabilidad individual para prevenir los contagios porque “el virus sigue ahí”.
Pese a la gestión en manos de las comunidades, el presidente afirmó que el Gobierno se reserva el control de la movilidad, pero sin aclarar con qué medida una vez que haya finalizado el estado de alarma el 21 de junio y en el caso de que algunas regiones aun sigan dentro del proceso de desescalada.
“La capacidad de decisión en esta última fase 3 corresponde a cada Comunidad Autónoma. Es decir, en manos del Gobierno lo único que quedará será la regulación de la movilidad”, afirmó Sánchez. “El Gobierno solamente se va a encargar de restringir la movilidad”, añadió.
Es más, Sánchez afirmó que “a partir del 8 de junio y hasta el 21 de junio habrá comunidades autónomas enteras que estén ya en la ‘nueva normalidad’ y, por tanto, se pueda levantar ya el estado de alarma”.
A partir de ahí, Madrid y Barcelona –porque van más lentas en la desescalada por el gran número de casos que han tenido- podrán estar en fase 3 y, “dada la evolución de la epidemia no será necesario prolongar aún más el estado de alarma”.
“Es el 21 de junio, en principio, cuando por toda España podamos circular”, trasladó el presidente remarcando las cautelas de si se sigue con la situación epidemiológica actual.
No habrá dificultades para Castilla y León
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró hoy no habrá dificultades para que el Gobierno autonómico asuma la gestión de la última fase de la desescalada, ni tampoco diferencias, a la vez que reconoció que desde el primer momento se sabía que el proceso de vuelta a la normalidad sería por territorios.
Mañueco se mostró cauto y aseguró que lo fundamental es ver la evolución epidemiológica de los próximos días, a la vez que indicó que se ha solicitado a Pedro Sánchez que se mantenga la colaboración “plena y efectiva” que hasta ahora han tenido de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en las comunidades sin policía autonómica.
En este sentido, y al ser preguntado por la conveniencia o no de la prórroga del estado de alarma, recalcó que más allá del instrumento jurídico que se utilice, en estos momento la limitación de la movilidad entre provincias es “imprescindible” en Castilla y León y el resto de España para poder afrontar los últimas semanas de confinamiento.
No obstante, Mañueco explicó que él y otros responsables autonómicos han reclamado al presidente del Gobierno un mecanismo jurídico intermedio al estado de alarma para que puede ser utilizado en caso rebrotes. Así, indicó que la propia vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha reconocido que el Ejecutivo estaba trabajando en una “desescalada jurídica”.
Además, indicó que Sánchez les informó de que será la última prórroga y que cuenta con los apoyos necesarios para sacarla adelante en el Congreso de los Diputados.
También descartó que ampliar el estado de alarma sea prorrogar el sufrimiento de la sociedad, y argumentó que sólo “desde una apuesta clara por la seguridad sanitaria y la prudencia se pueden evitar mayores sufrimientos a la población en el futuro y poner en marcha una reactivación económica sin dejar atrás a nadie”.
Además, recalcó que la apuesta de Castilla y León por la prudencia lo es también por la salud de la sociedad y por la vida de los castellanos y leoneses, pero también por la economía y por las personas más vulnerables”.
Ingreso mínimo vital
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reclamó hoy al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, gestionar el Ingreso Mínimo Vital, que aprobó el Gobierno este viernes, y que de momento asumirán el País Vasco y Navarra. “Tenemos el mismo derecho que otras comunidades”, afirmó. El jefe del ejecutivo autonómico defendió que Castilla y León gestione esta prestación de la Seguridad Social por su “experiencia”, “capacidad” y “trayectoria”, con la Renta Garantizada de Ciudadanía, pero también con el ingreso mínimo de inserción en la década de los años 90.
En ese sentido, Fernández Mañueco presumió de la “experiencia dilatada” de Castilla y León, que recalcó “se lo merece al menos tanto como otras comunidades”, dijo en referencia a las palabras de Pedro Sánchez sobre el modelo de gestión de esta nueva prestación por parte de los gobiernos del País Vasco y Navarra.
Al respecto el presidente de la Junta argumentó que precisamente el Ingreso Mínimo Vital “se ha basado en la experiencia” que tiene Castilla y León. “Ha recogido mucho”, añadió en relación a la Renta de Ciudadanía, que recordó suma 15.000 perceptores y uno gasto medio de unos 60 millones de euros. “Tenemos capacidad”, dijo para gestionar esta prestación que busca no dejar a nadie atrás.
También, Fernández Mañueco remarcó que la Comunidad es la única que ha logrado un “sobresaliente” en la gestión de la dependencia y recordó que el último informe Derechos Economía y Cobertura, que elaboran los directores y gerentes de Servicios Sociales, otorga la “excelencia” en dos aspectos y casi en otro. Por ello, demandó al Gobierno que ceda la gestión del Ingreso Vital a Castilla y León, para -recalcó- que estas políticas sean “efectivas” y “lleguen a las personas”.
Finalmente, Alfonso Fernández Mañueco indicó sobre la compatibilidad del Ingreso Mínimo Vital y la Renta de Ciudadanía de la Comunidad que solo conoce la información difundida a través de los medios de comunicación y se remitió al texto definitivo que confió se publique mañana.
