La Policía Judicial ha accedido este lunes a la mina de Cerredo, en el concejo asturiano de Degaña, para inspeccionar el lugar de la explosión que el pasado 1 de abril costó la vida a cinco trabajadores y dejó a otros cuatro heridos graves. La actuación se enmarca en la investigación abierta para esclarecer las causas del accidente y depurar responsabilidades.
Según fuentes oficiales, la empresa responsable de la explotación, Blue Solving, no contaba ni con licencia de extracción ni de investigación. El único permiso en vigor era para la retirada de material residual. No obstante, todo apunta a que en el momento de la explosión se estaba llevando a cabo actividad extractiva de carbón.
La inspección de la Policía Judicial se produjo este lunes tras varios días de bloqueo del acceso a la galería por seguridad. Las diligencias abiertas pretenden determinar si la compañía vulneró la normativa minera y actuó al margen de las condiciones establecidas por la administración.
Mientras tanto, los cuatro heridos permanecen ingresados en el hospital. El Gobierno autonómico ha insistido en que se investigará “hasta el final” lo ocurrido. La tragedia ha vuelto a poner el foco en la seguridad en las explotaciones mineras y en la vigilancia del cumplimiento de las licencias.
