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Las cifras para el equilibrio entre ingresos y gastos no entienden de calidad de vida y están sin embargo en la base para el sostenimiento del sistema de pensiones, un logro social que constituye un pilar básico del estado de derecho. Unas prestaciones que están generando movilizaciones en todo el país las últimas semanas para reclamar subidas justas que permitan a los pensionistas recuperar poder adquisitivo y vivir dignamente, tras la última reforma que las desvinculó del IPC.
El problema generado por la crisis, con el desplome del empleo y puestos de trabajo precarios con cotizaciones mínimas unido a un incremento exponencial del gasto con más pensionistas por el envejecimiento impulsan el problema. Y es que la nómina mensual de las pensiones se elevó un 47,6 por ciento en la última década en Castilla y León, desde los 378,9 millones de euros de finales de 2007 a los 557,1 de 2017, es decir, hay que desembolsar cada mes 178,2 millones más que hace diez años, según un informe de CCOO en la Comunidad recogido por Ical. Pese a crecer la nómina autonómica, Castilla y León pasó de representar el 6,7 por ciento del total que se pagaba en España a los jubilados cada mes en 2007, al 6,27 del año pasado.
La nómina del régimen general pasó de los 233,9 millones a los 382,3; en el de autónomos, de los 99,3 a 21,1 y en el del carbón, de 19,3 a 25,9 millones. El desembolso por accidentes de trabajo se elevó desde los 10,5 a los 13,3 millones. Por el contrario, bajó en las enfermedades profesionales de 7,6 a 6,7 millones; y en el sistema del seguro obligatoria de vejez e invalidez (Sovi), de ocho a 7,4 millones.
Desfase entre ingresos y gastos
Las cifras que aporta la Seguridad Social, revelan que el año pasado, con datos hasta noviembre, los ingresos por cotizaciones sociales en Castilla y León, se elevaron a 3.418,93 millones de euros, cuando los gastos en pensiones sumaron en esos once meses 6.139,39 millones, es decir, el desfase entre lo que entró en caja y lo que tuvo que poner el Estado en la Comunidad, sumó 2.720 millones a falta de un mes para concluir el ejercicio.
El número de pensionistas al finales de diciembre de 2017, era en la Comunidad de 561.314, 31.494 más que en 2007 por las mismas fechas. El problema es que por cada uno de ellos, sólo hay en la Comunidad 1,6 trabajadores, cuando al menos se necesitan dos para poder cubrir costes, y eso con puestos estables y salarios dignos que coticen. La proporción de pensionistas por el número de habitantes en la Comunidad, es del 25,2 por ciento, frente a una media en España del 20,6 por ciento.
Tramos de ingreso
Un análisis de la evolución de las pensiones por tramo de ingresos, revela que las inferiores al SMI, 312.890, descendieron un 9,2 por ciento entre 2007 y 2017; y las situadas entre el SMI y los 1.000 euros, alcanzaron las 117.226, con una merma del 16,9 por ciento. Por el contrario, las 90.753 de entre 1.001 y 1.500 euros suponen una subida del 49,3 por ciento; y las 41.243 de entre 1.501 y 2.000, un 9,6,1 por ciento más que diez años atrás. Asimismo, cabe destacar que las pensiones de 2.0001 a la máxima, 31.077 a finales de 2017, se multiplicaron por seis; y las máximas, 17.496, por tres durante el periodo de estudio.
Así, la cuantía mensual media de las pensiones creció en esos diez años un 39,1 por ciento, hasta los 912,17 euros en el último mes de 2017. La cuantía media por jubilación se situó en los 1.049,74 euros, con un alza desde 2007, del 43,1 por ciento; la viudedad, en 639,15 euros, un 31,5 por ciento más en un década; y la de incapacidad permanente, en 936,2 euros, con una subida del 20,2 por ciento. Asimismo, la de orfandad, con 410,98 euros, creció un 28,7 por ciento; y a favor de familiares, 546,31, un 33,1 por ciento.
Estos datos no ocultan una circunstancia tozuda que las organizaciones sindicales principales, CCOO y UGT están poniendo en la calle, y es que el 46 por ciento de las pensiones que se cobran en Castilla y León, son menores de 650 euros al mes; que dan para bien poco y sitúan a estas personas al borde de la pobreza; y el 62 por ciento, están por debajo de los 800 euros.
Tabla reivindicativa
El informe de CCOO incluye una tabla de salvamento para poder hacer frente a las necesidades del sistema hoy y en el futuro. El sindicato defiende que las pensiones públicas “sí son sostenibles” y presenta medidas que podrían permitir al Gobierno recaudar 70.952 millones de euros, un 6,3 por ciento del PIB.
En concreto, el sindicato plantea un incremento coyuntural de dos puntos de cotización (7.000 millones; y una subida de las bases máximas de cotización (7.557); y de las mínimas, como consecuencia del aumento paulatino del SMI hasta el 60 por ciento de la mediana salarial (3.470).
Asimismo, la tabla incluye la equiparación de bases medias de cotización del Régimen de Autónomos con el general (7.000); y la asunción por parte del Estado de gastos de administración de la Seguridad Social (3.825). La central sindical reclama además la conversión de las tarifas planas y reducciones de cuotas en bonificaciones financiadas por el Ministerio de Empleo, sin considerar reducciones de cotizaciones empresariales en el sector agrario (1.800).
Plantea también ingresos procedentes de la imposición general en la cuantía que se considere necesaria en cada momento, como, por ejemplo, la financiación con impuestos de las prestaciones por supervivencia (19.000 millones). Por último, reclama políticas de empleo que favorezcan la creación de tres millones de puestos de trabajo (15.000); y la lucha contra la economía sumergida (6.300).
