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La Junta de Castilla y León renuncia definitivamente a presentar sus cuentas para 2019 aunque se aprueben los Presupuestos Generales del Estado, ya que considera que es “materialmente imposible” porque el número de plenos que quedan en las Cortes antes de su disolución por la convocatoria de las próximas elecciones no es “suficiente para su tramitación”.
“Es imposible que se puedan presentar los Presupuestos Generales de la Comunidad con rigor y seriedad”, argumentó la consejera portavoz, Milagros Marcos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que apuntó que, aunque se aprueben mañana los estatales en el Consejo de Ministros, faltará su ratificación en las Cortes Generales.
Precisamente, la Junta de Castilla y León aprobó en el último Consejo de Gobierno de diciembre la prórroga de los presupuestos de 2018 para su entrada en vigor el 1 de enero y con la que garantiza la prestación de los servicios públicos y los compromisos adquiridos, entre ellos los relativos al Diálogo Social e incremento de los salarios de los empleados públicos.
Aunque no se ha fijado el periodo de sesiones para los próximos meses, las Cortes celebran dos plenos al mes, que serían cuatro, dos en febrero y los mismos en marzo, ya que a primeros de abril se disuelve la Cámara por la convocatoria de los comicios del 26 de mayo. La tramitación media de los presupuestos, desde que entran en el Parlamento, es de dos meses.
“No se puede valorar lo que no se conoce”, expresó sobre la aprobación de los Presupuestos estatales mañana por el Consejo de Ministros, como anunció Pedro Sánchez en una entrevista, si bien apuntó que esperan que no haya “incentivos o inversiones extra que perjudiquen a Castilla y León” por los pactos del Gobierno, en referencia a Cataluña.
Calificó de “estupendo” las inversiones a otros territorios, pero precisó que siempre que no se perjudique a Castilla y León, a la vez que se detuvo en que hubiera sido “razonable” el consenso con las autonomías para la reforma del sistema de financiación autonómica que garantiza la suficiencia financiera. “A expensas de conocer los presupuestos, sabemos lo que no queremos, que se perjudique a Castilla y León”, resumió.
La portavoz inició la rueda de prensa con la puesta en valor de que Castilla y León es la primera comunidad española que ha regulado el incremento en un 2,25 por ciento en el salario de los empleados públicos al entrar en vigor el Decreto-ley. El aumento será efectivo en la nómina de enero y supone 120 millones de euros para las arcas autonómicas, precisó.
