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La consejera de Empleo de Industria, Ana Carlota Amigo, confirmó este lunes la intención del Ejecutivo autonómico de prorrogar el Plan de Dinamización de municipios mineros hasta que se disponga de nuevas cuentas en la Comunidad. Así lo avanzó tras la reunión mantenida hoy de la Comisión Permanente del Diálogo Social con los sindicatos y la patronal.
Amigo recordó que el presupuesto de la Junta está prorrogado desde el año 2018 y se seguirá aelante con estas cuentas. Esta prórroga aclaró que no supone “mayores cantidades ahora mismo” sino “lo que hay”, aunque apostilló que cuando se negocie un nuevo presupuesto se negociará también el nuevo Plan que “incluso podría aumentar”, señaló.
Este fue uno de los asuntos que se puso sobre la mesa y ante el que los integrantes del Diálogo Social trasladaron su preocupación por su próxima finalización, como ocurre con otros acuerdos de este órgano, caso de la segunda estrategia integrada de empleo, el tercer acuerdo marco para la competitividad e innovación industrial de Castilla y León o el acuerdo frente al cambio climático.
Por ello, Amigo incidió en que ya se había solicitado la prórroga de la vigencia de este plan “al menos un año” con el fin de que “no decaigan las políticas en marcha y los proyectos previstos y no ejecutados”, explicó.
En la reunión de la Comisión Permanente celebrada este lunes también se habló de la dotación de 20 millones de euros acordados hace unos días para la recuperación del empleo local para la que el Diálogo Social tiene que aportar sus propuestas, para lo que ya se ha fijado una reunión para el jueves para “concretar” el acuerdo, que es un aspecto “urgente”.
Los sindicatos también hicieron una propuesta para dirigir el Servicio de Relaciones Laborales (Serla) ante lo que la Junta recordó la existencia de una comisión paritaria, formada por PP y Cs, que está estudiando 16 entidades del sector público en las que se encuentra el Serla. Amigo auguró que este estudio “no va a tardar en finalizar” para emitir sus informes, momento en el que esta comisión paritaria tomará una decisión relativa a este órgano, la Fundación Anclaje y otros entes en estudio. “Creemos que es lo serio”, evidenció la consejera, quien rechazó la adopción de una decisión “precipitada”.
En materia de formación, todas las partes trasladaron su “preocupación” por el “problema” que se prevé a partir de octubre al no disponer de recursos en política de formación “con los 80 millones de euros que nos ha retenido el Gobierno”. Por ello, la consejera de Empleo e Industria ya se ha dirigido al Ejecutivo central para que no “bloquee” la formación “alternativa” para aquellas personas que se van a quedar en situación de desempleo. “Sería muy triste que no pudieran reciclarse hacia otras profesiones con más oportunidades”, lamentó Amigo, quien confió en que el Gobierno “recapacite” al respecto.
