La Junta exige alternativas industriales en las cuencas mineras porque el preacuerdo acarrea paro y despoblación

Del Olmo, que realizó estas declaraciones minutos antes de participar en un desayuno de trabajo organizado por el Colegio de Economistas de Valladolid, consideró que lo que expone el documento previo, que aún no ha sido notificado a la Junta, “va a suponer el fin del carbón” en Castilla y León. Por ello, pidió salidas industriales, como el Plan de Dinamización de Municipios Mineros de la Administración autonómica, para evitar que cerca de 10.000 kilómetros cuadrados de Castilla y León se queden sin actividad “en base a este acuerdo”.

“Pido que traigan a esa zona empresas industriales con 2.000 trabajadores para que la gente pueda vivir donde quiera”, porque hasta ahora, añadió, “lo único que han hecho ha sido poner palos en las ruedas a la minería del carbón”. “Si no, vamos a tener menos actividad, menos empleo y despoblación”.

Del Olmo, que reconoció que en el preacuerdo se mantiene Unosa, ironizó que parece ser que el carbón que se financia con fondos públicos contamina menos que el que se financia por parte de las empresas privadas. “Mi valoración negativa, no contempla en absoluto nada en relación con las térmicas, ni obligan a que estas compren el carbón autóctono”, sentenció.

Preacuerdo

El preacuerdo, que lleva la firma del secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, incluye un plan de restauración de explotaciones cerradas para los próximos seis años y contempla la existencia de medidas excepcionales para las empresas que continúen activas hasta 2025.

En ese sentido, el texto apuesta por el “uso de carbón autóctono competitivo” aunque reconoce la necesidad de impulsar un programa de reactivación de las comarcas mineras para los próximos ocho años. Al respecto, los sindicatos arrancaron un compromiso para poner en marcha un plan de desarrollo de energías renovables y eficiencia energética hasta 2023, así como el apoyo del Ejecutivo a las nuevas tecnologías a través de diversas iniciativas en el seno de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), con sede en Ponferrada.

Igualmente, el acuerdo establece la creación de ayudas medioambientales para la clausura de explotaciones y remarca la “participación prioritaria” que deben tener los trabajadores excedentes en esas tareas de restauración, gracias a una bolsa de trabajo específica que se gestionará desde el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC).

Por último, en el aspecto social, el documento estipula la posibilidad de que los trabajadores de plantilla se acojan a bajas indemnizadas o a los procesos de prejubilación. En este sentido, los empleados podrán optar por esta posibilidad a partir de los 48 años de edad y recibirán el 72 por ciento de su salario. En su último punto, el preacuerdo establece la creación de una comisión de seguimiento para comprobar que los puntos acordados se llevan a efecto.