La tragedia ocurrida en la mina de Cerredo, en Degaña, donde cinco trabajadores perdieron la vida tras una explosión, ha desencadenado una crisis política, judicial y empresarial de gran calado en el Principado de Asturias.
Los fallecidos —David, Jorge, Rubén, Amadeo e Iván— eran empleados de la mina gestionada por una red empresarial vinculada a la familia Rodríguez, que habría fraccionado la titularidad de la explotación entre dos firmas: Blue Solving y Combustibles Asturiana y Leonesa (Combayl), con el objetivo, presuntamente, de eludir controles regulatorios y evitar inspecciones prolongadas.
Uno de los aspectos más graves que revelan las primeras pesquisas es que una de las empresas, Combayl, estuvo 61 días sin inspección técnica, mientras que la otra, Blue Solving, operó sin supervisión durante más de 490 días. Además, el entorno empresarial habría intentado sortear sanciones anteriores —como una impuesta en 2022 por contratación irregular de familiares para simular estructura societaria—, usando la división societaria como método de camuflaje.
Los testimonios de los supervivientes señalan que no se midió la atmósfera antes de iniciar el turno de trabajo, lo que iría contra la normativa vigente. Los cuerpos fueron hallados a más de 500 metros de profundidad, con indicios de que la explosión se habría producido en una galería secundaria, posiblemente debido a una acumulación de gases inflamables.
A nivel político, el Partido Popular ha exigido la dimisión inmediata de la consejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz, señalando su responsabilidad en la falta de supervisión. “Si no cesa a Díaz, Barbón es responsable de lo de Cerredo”, ha declarado tajante el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo. El Gobierno autonómico, liderado por Adrián Barbón, se enfrenta así a una de sus peores crisis de legislatura, justo cuando comienza el año preelectoral.
Un cese que rebota entre las paredes del Principado de Asturias. Pese a que IU-Convocatoria por Asturias no hizo ninguna pregunta durante la comparencia de Belarmina Díaz, en la fijación de posición dejó claro su malestar con las circunstancias, tanto con el accidente mortal como con la continuidad de la consejera Díaz. Ovidio Zapico insistió que “si aquellos que quieren utilizar el dolor para intentar crecer políticamente creen que van a tener resultados, yo les digo que van a fracasar”.
“Nuestros muertos tienen culpables”.
Mientras tanto, el dolor se ha traducido también en protesta. La mañana del sábado apareció una pancarta en la entrada de la mina con el mensaje: “Nuestros muertos tienen culpables”, reflejo del malestar social que crece en el suroccidente asturiano.
Las familias piden justicia. El Principado promete una investigación interna. Y la Guardia Civil continúa inspeccionando una mina que, según múltiples voces, nunca debió estar operativa en tales condiciones.
Mientras tanto la empresa de TyC Narcea -en la que también trabaja algún lacianiego-, cuya explotación minera en régimen de investigación en Vega de Rengos (Cangas del Narcea) tiene suspendido el permiso de la Dirección General de Minas desde el pasado día 6 de abril. Y aseguran incrédulos, no entender dicha situación y añaden que ellos han recibido inspecciones y visitas del servicio de minas al menos una vez al mes o incluso dos, sin ninguna incidencia de seguridad.
Por supuesto que hay culpables.