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Los Centros de Acción Social de la Diputación de León tramitaron el pasado año un total de 250 solicitudes de ayuda a personas y familias residentes en municipios de menos de 20.000 habitantes que se encuentran en situación de urgencia social, para lo que se destinaron cerca de 300.000 euros, que permitieron dar respuesta a la práctica totalidad de las solicitudes registradas.
Se trata de prestaciones económicas destinadas a cubrir las necesidades básicas de estas personas con el objetivo de prevenir el riesgo o el agravamiento de exclusión social, para lo que se incluyen gastos de alimentación e higiene, cuidados personales esenciales como el vestido, pago de alquiler de vivienda habitual o de cuota hipotecaria, gastos en suministros, gastos farmacéuticos o adquisición de enseres básicos.
El presupuesto destinado el pasado ejercicio a estas ayudas está cofinanciado por el Gobierno autonómico, que aporta el 65 por ciento, y la Diputación de León, el otro 35 por ciento, a través del Acuerdo Marco de Cofinanciación de los Servicios Sociales y las prestaciones se tramitan a través de los CEAS de la Diputación con un plazo de resolución que se sitúa por debajo de los 30 días desde su registro.
De los cerca de 300.000 euros destinados a atender de forma temporal la cobertura de necesidades básicas o esenciales de subsistencia de los beneficiarios, algo más de 272.000 euros sirvieron para sufragar gastos de alquiler, manutención, vestido, gafas, prótesis y tratamientos odontológicos, reparaciones y adaptaciones de vivienda y deudas de estos servicios básicos. Asimismo, se repartieron 20.000 euros para abordar gastos de electricidad y combustibles, y 5.900 euros en prestaciones para gastos extraordinarios relacionados con la hipoteca de la vivienda, que incluyen gastos de mudanza derivados de desahucios, pago de cuotas vencidas, gastos de escrituras o novaciones de créditos hipotecarios.
