La Comisión de Expertos sobre transición energética reclama planes estratégicos con financiación para lograr una descarbonización “justa” para trabajadores, empresas y territorios mineros o con centrales a clausurar. Los expertos recalcan en su informe final, que hoy entregaron al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que hay algunos sectores o empresas que no podrán adaptarse a los cambios.
En la elaboración y seguimiento de los planes estratégicos será necesaria, según este trabajo de seis meses, recogido por Ical, la participación de los interlocutores sociales y deberán, asimismo, contemplar medidas relacionadas con estrategias de apoyo a políticas industriales, territoriales y sectoriales, la reactivación económica de las zonas afectadas, así como formación y capacitación laboral y protección social específica. Los expertos comentan que dentro de cada plan estratégico zonal, se podría incluir un plan específico de actuación de las empresas en las que se prevea un cierre o reconversión.
En este sentido, defienden que “hay que prever y adoptar medidas desde el ámbito político e institucional porque en ellos hay empresas y trabajadores que pueden quedar en situación de vulnerabilidad si no acceden a otro puesto de trabajo. Asimismo, sostienen que hay que tener en cuenta la repercusión económica y social en las zonas donde se concentra este tipo de empresas e instalaciones, que dependen en gran medida de las mismas y que necesitan opciones de desarrollo alternativo.
El informe insiste en que para que la sustitución del actual parque de generación eléctrica se realice a través de una transición energética justa, es necesario considerar algunos factores fundamentales, como las actividades económicas implicadas, especialmente el empleo afectado; y el impacto territorial.
En este sentido, exponen que los sectores directa y principalmente afectados serán los relacionados con el sector energético y principalmente los que usan combustibles fósiles. No obstante, explican que puede haber otros sectores afectados en el ámbito de la movilidad, pero sus efectos “serán diferentes y a medio y largo plazo”. En cuanto al empleo afectado, defienden que se ha de tener en cuenta tanto el empleo directo como el indirecto y el inducido, estableciendo medidas para su mantenimiento o crecimiento tanto en cantidad como en calidad.
Por lo que se refiere al impacto territorial, aseguran que es necesario considerar que la minería y las centrales térmicas o nucleares que puedan verse afectadas por el cese de la producción o el cambio de tecnología de la instalación, “generan en sus comarcas no sólo empleo directo o indirecto sino empleo inducido”. Por tanto, su cierre conllevaría una disminución de la actividad económica, industrial y comercial a nivel territorial, así como de los ingresos de las administraciones locales que, a su vez, reinvirtiendo esos ingresos, generan riqueza en la localidad.
Los expertos destacan que todo el proceso de transición se debe desarrollar partiendo del diagnóstico y la elaboración de estrategias desde los diferentes ámbitos de actuación de las administraciones públicas, con dotación económica. Las decisiones que se adopten, indican, deben estar basadas en los acuerdos internacionales sobre cambio climático y en las directrices sobre Transición Justa de la OIT.
Escenarios “de sensibilidad” para el carbón
Los expertos plantean en su estudio varios escenarios para el futuro del carbón y advierten de que el coste de generación variable del mix energético y, en particular, la evolución de las centrales térmicas y su posición competitiva frente al gas natural, “estará condicionada en gran medida por el precio que tenga la tonelada de CO2 en el futuro”.
El documento, analizado por Ical, plantea varios escenarios para el futuro de las centrales térmicas de carbón, y el central, el de “alta” eficiencia, denominado de ‘Generación Distribuida’, hace desaparecer en 2030 el uso del mineral para generación, que quedaría de forma residual en alguna industria, con 847 MW de potencia, frente a los 9.536 actuales. Con la hipótesis de coste de combustible del escenario base se requieriría una reducción en el precio de emisiones de los 50 a los 41,5 euros por tonelada de CO2 para que el coste variable de los ciclos combinados y los grupos de carbón fuese prácticamente equivalente.
En este sentido, los expertos también ponen sobre la mesa un escenario que denominan de ‘Transición Sostenible’, en el que se reduciría la capacidad instalada actual en 2030, hasta los 4.660 MW, es decir, casi a la mitad. Los autores indican que han planteado un estudio “de sensibilidad” modificando el escenario base para mantener una potencia instalada de carbón igual a 4.660 MW y se ha modificado el coste de emisiones de 50 euros por tonelada de CO2 a 33 y 7,5 (valor este último equiparable al actual).
Como resultado de la simulación se produce un incremento de la generación con carbón, lo que para un año hidráulico medio se traduciría en un abaratamiento de costes variables de generación de aproximadamente un 14 por ciento (2.179 millones de euros anuales de menor coste de generación, para un precio del CO2 de 33 euros) o del 30 por ciento (4.675 millones de euros anuales de menor coste de generación, para un precio de CO2 de 7,5 euros). Por otra parte, la mayor producción con carbón de produciría un incremento de las emisiones de CO2 hasta los 30,7 Mt (en el caso de 33 euros) y 32,9 Mt (en el caso de 7,5 euros).
