La Audiencia Nacional emitirá fallo el próximo miércoles sobre el recurso presentado por los impagos del IPC a los prejubilados mineros

La sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional emitirá votación y fallo, el próximo 5 de diciembre, sobre el recurso presentado por la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de UGT y CCOO Industria contra el Instituto para la Reestructuración de las Comarcas Mineras por los atrasos del IPC correspondiente a los años 2011 y 2012 que adeuda el Estado a los prejubilados de la minería privada, tal y como ha podido saber este medio de comunicación.

De resolverse favorablemente el proceso, cada ex trabajador tendría que percibir los atrasos pertinentes y regularizar su nómina -para calcular la cuantía a percibir se tendrá en cuenta el salario bruto garantizado-. Esta resolución afecta más o menos a unos tres mil trabajadores de Laciana, El Bierzo y la montaña central leonesa.

Pero para llegar a este fallo cabe recordar que el proceso legal ha sido de lo más largo y tedioso. En noviembre de 2010, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo introdujo un cambio en el Real Decreto que regulaba las prejubilaciones, sin contar con los firmantes de dicho acuerdo y modificando significativamente la normativa. Suspendió para el año 2010 y 2011 la regularización del IPC y anuló la de 2012, según los contratos firmados con cada trabajador.

Así daba comienzo todo un periplo legal. En el año 2012 la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional sentenciaba a favor de los ex-mineros, sin embargo el ministerio recurrió y el Tribunal Supremo, en el año 2014, anuló el fallo de la Audiencia Nacional declarando que la competencia para resolver la cuestión era de la jurisdicción contencioso-administrativa.