Izquierda Unida instó hoy a la Junta de Castilla y León a asumir “sin dilaciones ni excusas” la acogida de menores migrantes no acompañados en el marco del mecanismo establecido por el Gobierno de España y garantizando los recursos y dispositivos necesarios para una acogida adecuada.
En un comunicado, la formación comunicó que la Asamblea celebrada este sábado en Valladolid había expresado su respaldo “explícito y rotundo” al Real Decreto aprobado por el Gobierno de España y promovido por el Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego.
En ese sentido, IU valoró su contenido, sus objetivos y su acompañamiento presupuestario, por lo que reafirmó el compromiso político y social de Izquierda Unida Castilla y León con la defensa de los derechos de la infancia y la construcción de un sistema de acogida “digno, sostenible y corresponsable”.
Asimismo, defendió que este Real Decreto-ley constituye un “avance decisivo” en la garantía de los derechos fundamentales de la infancia, asegurando una acogida “digna, segura y solidaria” de menores en una situación de “especial vulnerabilidad”. Además, apuntó que establece un mecanismo de “corresponsabilidad interterritorial que permite distribuir de forma justa y equilibrada el esfuerzo de acogida entre las comunidades autónomas”.
Al respecto, apuntó que el modelo diseñado en el Real Decreto introduce, por primera vez, un sistema basado en criterios “objetivos” y “transparentes” para la asignación de responsabilidades en función de la población, la renta per cápita, la tasa de desempleo, el esfuerzo previo de acogida y la capacidad estructural de cada territorio, incorporando además factores correctores para aquellas comunidades con condiciones singulares, como las fronterizas e insulares.
También, destacó que habilite un fondo estatal de 100 millones de euros destinado a compensar los sobrecostes que asumen las comunidades autónomas que superen su capacidad ordinaria de acogida.
Finalmente, Izquierda Unida Castilla y León defendió que la protección de la infancia y la adolescencia no puede ser objeto de “disputa partidista ni quedar sujeta a los intereses xenófobos de la extrema derecha”. “La acogida de menores migrantes en situación de vulnerabilidad es un imperativo ético, social y político que nos interpela como sociedad democrática y como defensores de los derechos humanos”, concluyó.
