Estas normativas incluían medidas como el incremento de las pensiones y el apoyo económico al transporte público, dos iniciativas que quedan ahora bloqueadas tras la votación.
Gascón ha señalado que estas acciones, lideradas por “la derecha española, la ultraderecha y el independentismo catalán”, perjudican directamente a los sectores más vulnerables, tanto a los pensionistas como a los trabajadores que utilizan el transporte público. “Estas políticas cortoplacistas priorizan tumbar al Gobierno por encima de defender los derechos sociales de los ciudadanos”, añadió.
Las medidas impulsadas por Izquierda Unida dentro del Gobierno buscaban beneficiar a 12 millones de pensionistas en España, incluidos más de 400.000 en Castilla y León, quienes ahora verán paralizada la revalorización de sus ingresos. En concreto, las personas jubiladas de la región dejarán de percibir 40 euros al mes de media, cantidad que sí recibieron en enero pero que no continuará en febrero. Además, el decreto contemplaba un aumento del 9% en las pensiones mínimas y no contributivas, así como en el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que afecta a más de 28.000 hogares en situación de extrema necesidad en la comunidad autónoma.
Otro de los decretos rechazados por PP, Vox y Junts incluía medidas que habrían garantizado un ingreso adicional de 10.522 millones de euros para las comunidades autónomas, de los cuales 612 millones estaban destinados a Castilla y León. Entre estas partidas, se encontraban 600 millones de euros para entregas a cuenta y 11,7 millones en subvenciones para el transporte público, fundamentales para las personas que dependen diariamente de este servicio para sus desplazamientos laborales o personales. La falta de estas ayudas no solo afecta a la economía de miles de ciudadanos, sino que también frena los avances en movilidad sostenible.
Por otro lado, Gascón ha destacado que uno de los decretos sí fue aprobado, garantizando el carácter público de las pensiones. Este decreto, que cuenta con el respaldo de los principales sindicatos, asegura mejoras para colectivos precarizados y mantiene sin cambios la edad de jubilación, fijada en los 65 o 67 años según la normativa anterior del Gobierno de Zapatero.
Desde Izquierda Unida aseguran que seguirán trabajando dentro del Ejecutivo para defender unas pensiones públicas dignas y para garantizar la protección de los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
