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La operación Leocat, dirigida por el equipo del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de León, ha concluido después de siete meses de intensa investigación sobre la gestión de gases fluorados en centros autorizados de tratamiento (CAT) en la provincia de León. La operación se inició en marzo, cuando se detectaronirregularidades tanto en la gestión física como documental de los gases fluorados utilizados en los sistemas de aire acondicionado de vehículos fuera de uso (VFVU) en un CAT de la provincia.
A raíz de estas deficiencias, se amplió la investigación a todos los CAT de la provincia, lo que resultó en la identificación de irregularidades en un total de 13 empresas.Estas irregularidades apuntaban a la emisión ilegal de gases de efecto invernadero a la atmósfera, incluyendo CFCs, HCFCs, HFC (R134a-tetrafluoroetano), PFC y el SF6. Estos gases tienen el potencial de causar un daño significativo a la capa de ozono y contribuir al calentamiento global, ya que pueden persistir en la atmósfera durante siglos sin degradarse.
Según las investigaciones llevadas a cabo, se detectó un desfase entre la cantidad de gases declarada y la cantidad que se debía recuperar y almacenar adecuadamente, como lo exige la legislación vigente. Estos gases deben ser recuperados y almacenados en bombonas específicas al final de la vida útil de un vehículo, y los datos relativos a esta gestión deben comunicarse a las autoridades pertinentes de la Comunidad Autónoma.
Los informes periciales generados a lo largo de la investigación indican que las emisiones podrían haber alcanzado las 15.621 toneladas de CO2. Esto representa una amenaza significativa para el medio ambiente, ya que contribuye al aumento de la temperatura del planeta y al deterioro adicional de la capa de ozono.
En consecuencia, después de siete meses de investigación, se ha citado a declarar a 20 personas en calidad de investigadas como presuntas autoras de un delito contra el medio ambiente. Además, se han identificado irregularidades de carácter administrativo, que serán denunciadas ante las autoridades competentes.
Las personas investigadas y las diligencias instruidas se han puesto a disposición de los Juzgados de Guardia correspondientes.
