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En plena vorágine vivida hace meses en Laciana con protestas y concentraciones pacíficas contra el tránsito de camiones con carbón de importación por Villablino, tanto el alcalde de Villablino, Mario Rivas, como también el edil de IU, Raúl Fernández, pedían enérgicamente que los vehículos pesados se desviasen por otros itinerarios.
Una situación de la que se hizo eco este medio de comunicación en esta y otras noticias relacionadas con el conflicto: https://www.elbierzodigital.com/laciana-se-quema-carbon-importacion/179486 y cuyo contenido fue presentado por las asociaciones de transportistas de Asturias ante la Fiscalía de Ponferrada por si dichas declaraciones vertidas por el alcalde y el concejal “pudieran ser constitutivas de delito de amenazas o coacciones”.
Ahora la Fiscalía se ha pronunciado sobre la denuncia dictando decreto de archivo por estimar que no resulta acreditada la comisión de infracción penal ya que en las declaraciones del alcalde y del edil no se aprecian palabras cuyo contenido pudiera ser calificado como amenazas puesto que no se vierten expresiones dirigidas directamente a ninguna persona concreta sino que se utilizan términos de rechazo e indignación por la situación del sector minero y por tanto no se aprecia incitación alguna a ejercer algún acto violento contra personas y menos aún que los denunciados hubieran actuado con violencia.
Además, tanto Rivas como Fernández, según la propia Fiscalía, carecen de potestad para impedir la libre circulación de vehículos. Por ello, más allá de un deseo de no circulación, “ninguna actuación impeditiva del ejercicio de un derecho les es penalmente reprochable”. Además, tampoco se puede acreditar que a alguno de los conductores de los camiones se le hubiera impedido la circulación; situación que de producirse debería ser valorada individualmente.
También en el mismo escrito de denuncia se pone en conocimiento de la Fiscalía que se produjo un supuesto incidente consistente en el lanzamiento de un objeto incendiario contra uno de los camiones. Tal hecho, según apunta la Fiscalía, “necesariamente debe ser objeto de su correspondiente denuncia para la valoración de dichas circunstancias y posible autor”.
Por su parte, el alcalde, Mario Rivas se ha mostrado satisfecho con la labor de la Fiscalía. “En todo momento fui consciente de que no había cometido ningún delito, tan solo defendí los derechos de mis vecinos. Mis declaraciones siempre han sido correctas y al margen de buscar cualquier tipo de polémica con los transportistas, cuyo trabajo respeto profundamente. Solo trasladé a la institución que tiene competencias en este asunto la petición de que los transportistas derivasen su trayecto por vías alternativas “. En la misma línea se ha mostrado Raúl Fernández, quien señaló que “lo único que hice fue defender los derechos de los lacianiegos”.
