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La presidenta de la Asociación de Comarcas Mineras Europeas (Euracom), Ana Luisa Durán, defendió hoy ante el pleno que el Consejo Económico y Social Europeo (Cese) celebró en Bruselas que los fondos europeos para la transición justa den cabida a inversiones en materia de economía social y dejen abierta la posibilidad de que sean las iniciativas públicas las que contribuyan a la creación de empleo en las cuencas. Ante el plenario reunido en Bruselas, Durán pidió a los miembros del Cese que trasladen estas peticiones a la Comisión Europea de cara a incorporarlas al futuro reglamento con el que se regulará la distribución de esos fondos comunitarios.
Al respecto, la presidenta de Euracom reclamó que entre las propuestas a incluir en ese reglamento se haga una “mención expresa” a los países que, como España, han llevado a cabo el “cierre anticipado” de las explotaciones mineras “en cumplimiento de una decisión de la propia Comisión”, subrayó. “Hemos pagado un precio muy alto y la Comisión no tiene en cuenta esas circunstancias”, afirmó Durán, que reivindicó que la pérdida de habitantes o el envejecimiento de la población también se tengan en cuenta a la hora de medir el impacto del descenso de la actividad minera en los territorios. “En nuestro caso, desde luego no ha sido transición, ha sido un cierre abrupto, y no ha sido justa porque los territorios han quedado abandonados a su suerte, sin creación de empleo alternativo”, denunció.
En cuanto al “alto déficit de iniciativa empresarial” que sufren muchos de estos territorios debido al monocultivo de carbón llevado a cabo durante décadas, Durán solicitó que el reglamento permita la puesta en marcha de “soluciones público-privadas” en ámbitos como la educación, la asistencia sanitaria o los servicios sociales y no centrados únicamente en materias como las nuevas tecnologías o las energías limpias. “Muchos de nuestros territorios no permiten el desarrollo de esas actividades”, aseguró la presidenta de Euracom, que subrayó que cuestiones como la distancia hasta núcleos importantes de población o las carencias en comunicaciones que sufren muchas de las cuencas mineras las convierten en zonas “poco atractivas para la inversión privada”.
Además, la presidenta de Euracom acompañó su exposición con una serie de “datos para reflexionar”, entre los que destacó la pérdida de población que han sufrido las cuencas a causa de la práctica desaparición de un sector que, recordó, en la década de 1960 representaba el 2,3 por ciento del Producto Interior Bruto español y el 1,5 por ciento de su población activa, con más de 200.000 trabajadores. “El descenso de la población va unido a la pérdida de empleos en el sector”, resumió.
Como ejemplo, citó el caso de Villablino, municipio del que fue alcaldesa, y subrayó que en los últimos 20 años, el descenso de la población en la capital lacianiega alcanza el 46 por ciento, un problema al que se suma el del envejecimiento de sus habitantes, con un crecimiento vegetativo “para ponerse a llorar”. “La mayor parte de las cuencas mineras se ubica en la España vaciada, en zonas con densidades de menos de 55 habitantes por kilómetro cuadrado”, explicó Durán, que apeló a la preocupación por el reto demográfico de las instituciones comunitarias para poner freno a la situación.
Reuniones de alto nivel
Todas estas peticiones se incluyen en un documento de alegaciones elaborado por la Asociación Española de Comarcas Mineras (Acom), cuyo presidente, Mario Rivas, asistió al pleno celebrado en Bruselas, acompañado por el regidor de Páramo del Sil, Ángel Calvo, y por los alcaldes asturianos de Mieres y Langreo, Aníbal Vázquez y Carmen Arbesú, respectivamente. Esta tarde, los alcaldes mineros se reunirán con los europarlamentarios españoles Jonás Fernandez e Ibán Garcia del Blanco (PSOE), así como con Esteban Gonzalez Pons (PP).
Además, Acom mantendrá su actividad en las instituciones europeas en los próximos meses a través de su presencia en la próxima reunión de la ‘Coal Platform’, el foro que reúne a las regiones europeas productoras de carbón, que se celebrará en Bruselas en el mes de abril. Los representantes de la asociación también han solicitado ya un encuentro a la comisaria de Política Regional, Corina Creu.
