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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dio traslado a las partes, los animalistas de PACMA y a la Junta de Castilla y León, y al Ministerio Fiscal para que se pronuncien sobre la posibilidad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad contra la modificación de la Ley de Caza, recientemente aprobada en el Parlamento Autonómico, después de que el Alto Tribunal suspendiera cautelarmente la normativa anterior.
Cabe recordar que esa suspensión cautelar está pendiente de ser confirmada o revocada por la Sala, que tiene que resolver el recurso de reposición interpuesto por la Administración Autonómica.
La modificación de la Ley de Caza, a juicio de los magistrados, podría impedir la ejecución y cumplimiento por parte de la Administración de la anterior resolución judicial por la que se suspendía cautelarmente la práctica de la caza en Castilla y León y condicionar la resolución de ese recurso contra la suspensión interpuesto por la Administración.
Ante esta situación, la Sala dictó el pasado día 7 de mayo una providencia en la que pregunta a las partes y al Ministerio Fiscal si procede elevar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en la medida en que “la resolución del recurso de reposición se ve afectada por el nuevo marco normativo surgido con la modificación de la Ley de Caza y no puede ser desconocido a la hora de resolver el citado recurso de reposición, porque la medida cautelar se proyecta hacia el futuro, durante la sustanciación del proceso”.
Esta providencia es un trámite obligado y no prejuzga la decisión final que adopte la Sala tras oír a las partes y al Ministerio Fiscal, sobre si envía o no el asunto al Constitucional.
