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Tribunales

El juicio de El Feixolín se retrasa por no haberse dado traslado de los escritos de la acusación a CMC

El proceso contra el empresario minero Victorino Alonso deberá esperar sin que haya una nueva fecha establecida
Imagen de archivo del empresario Victorino Alonso a su entrada a los juzgados, en este caso de Ponferrada, por otro proceso. / QUINITO

El juicio por la explotación del cielo abierto de El Feixolín se retrasa, y lo hace sin que haya previsión de una nueva fecha. El motivo es que no se ha se ha dado traslado de  los escritos de acusación a Coto Minero Cantábrico (CMC), empresa para la que la acusación pide indemnizaciones importantes. La ‘indefensión’ jurídica de la  compañía, al enfrentarse al proceso sin conocer los escritos de la acusación, podría llegar incluso a la anulación de las actuaciones.

Debido a este proceso se sentarán en el banquillo el empresario minero Victorino Alonso y el jefe de la explotación minera a cielo abierto El Feixolín, en Villablino, José Tascón, por un presunto delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente. La Fiscalía reclama para ambos ocho años de prisión. Guillermo Murias, exalcalde de Villablino Guillermo Murias, está acusado además en la misma causa de prevaricación, un presunto delito por el fiscal le pide 15 meses de prisión. El caso comenzó hace 17 años tras la denuncia presentada por el propietario de unos terrenos, en los que percibió daños a causa de los trabajos en el paraje de el Feixolín.

En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía señala que, entre 1995 y 2008, las empresas Minero Siderúrgica de Ponferrada SA y Coto Minero Cantábrico SA (en la actualidad en liquidación) explotaron de forma continuada una mina de carbón a cielo abierto mediante la construcción de una cantera en el Feixolín. Asimismo, apunta a que la actividad “se desarrolló sobre 210 hectáreas de manera plenamente consciente, deliberada, en suelo calificado de rústico común y rústico de especial protección forestal sin contar con licencia municipal de apertura, licencia urbanística ni declaración de impacto ambiental”.

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