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El exalcalde de Palacios del Sil, condenado a 15 meses de prisión y siete años de inhabilitación por prevaricación

La justicia, según informa el PSOE, ha dictaminado que el valor real de un terreno adquirido por el Ayuntamiento es de 514,24 euros, suponiendo un sobrecoste para las arcas municipales de 7.485,76 euros

El PSOE de Palacios del Sil informa, en nota de prensa, de la sentencia que condena al exregidor del Partido Popular por un delito de prevaricación en concurso ideal con un delito de fraude y exacciones ilegales.

Los hechos se remontan al año 2014 cuando el  alcalde de Palacios del Sil, “obligó al Ayuntamiento a pagar 8.000 euros para la adquisición de una parte concreta de una parcela de suelo urbano del núcleo urbano de la localidad y proceder a la urbanización completa de la zona mediante asfaltado y ejecución del Plan General de Ordenación Urbana en la calle el Xirón”, afirma el PSOE. “Esta actuación se llevó a cabo a través de un decreto aprobado por el alcalde, a pesar de los informes negativos emitidos por la Secretaría Municipal, cuando el Partido Popular gobernaba con cuatro concejales en coalición con Izquierda Unida”, añade.

La justicia, según informa el PSOE, ha dictaminado que el valor real del terreno adquirido por el Ayuntamiento es de 514,24 euros, suponiendo un sobrecoste para las arcas municipales de 7.485,76 euros, que ya han sido consignados por el acusado.

La agrupación socialista de Palacios del Sil ha recordado al acusado que el PSOE le advirtió de las consecuencias a las que tendría que hacer frente por este tipo de acciones. “Le han utilizado.  Fernández Astorgano firmó el decreto para pagar la finca, mientras que compañeros de equipo de gobierno se beneficiaban de los cambios y de la recaudación ilegal del terreno”, han apuntado desde el Partido Socialista de la localidad.

El PSOE ha insistido en que, en el momento de los hechos, el equipo de Gobierno era muy frágil y se mantuvo hasta final de la legislatura “gracias a favores que presuntamente beneficiaron a concejales y familiares, pero a costa del presupuesto municipal”. Incluso se refieren al actual alcalde, Roberto Fernández, del que afirman “fue parte activa de los cambios en el trazado de la calle, en lo que a las normas subsidiarias se refiere”. “Gracias a las modificaciones que fomentó, su padre habría conseguido cerrar parte de unas fincas, camuflar su alineación real y que le dieran de alta enganches de agua que el Ayuntamiento le había negado por la condición ilegal de la construcción”, aseguran.

Además, la agrupación socialista ha afirmado que la finca adquirida por el Ayuntamiento era propiedad del sobrino del actual concejal del Partido Popular José Losada. “Un ejemplo más de las ilegalidades cometidas a costa de las arcas municipales de la localidad para beneficiar a determinadas personas”, apostillan.

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