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El Tribunal Constitucional rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa del empresario minero Victorino Alonso contra la condena de dos años de cárcel y la multa de 25,5 millones que le impuso un tribunal aragonés tras la destrucción de la cueva neolítica de Chaves, en la provincia de Huesca. El caso retornará ahora al Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca, que tendrá que decidir sobre su entrada en prisión.
En ese sentido, el auto del Constitucional considera que la defensa de Alonso no ha justificado la “trascendencia constitucional” del caso con una argumentación “específica y suficiente” y devuelve el asunto al juzgado que inicialmente se hizo cargo de la cuestión. Tras trasladar la decisión a las partes, el órgano deberá decidir sobre la cuestión aunque una de las acusaciones ya adelantó su intención de pedir la ejecución de la sentencia, lo que conllevaría la entrada en prisión del empresario minero.
En enero de este año, la Audiencia Provincial de Huesca confirmó la condena impuesta en noviembre de 2016 por el Juzgado de lo Penal número 1 de la ciudad aragonesa contra el empresario minero aunque rebajó en seis meses la estancia en prisión, inicialmente prevista en dos años y medio.
Al respecto, la sentencia lo considera autor de un delito contra el patrimonio histórico al ordenar que se vaciara la cueva para colocar comederos y abrevaderos para la cría de cabras, sin la comunicación ni autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural. El yacimiento neolítico, considerado uno de los dos más importantes de la península ibérica, quedó destruido tras estos hechos, según denunciaron Ecologistas en Acción.
