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El Consejo de Ministros aprobará mañana el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, según anunció este lunes el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, antes de participar en la XXII Conferencia de Presidentes, en la que trasladará a los presidentes autonómicos el anuncio.
“Mañana mismo el Gobierno presentará el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado, para ser aprobado en Consejo de Ministros”, indicó Sánchez en un mensaje en la red social Twitter, en el que destacó que el anteproyecto “incluirá un importante adelanto en los PGE de 2021 de 27.000 millones de euros con cargo a los fondos europeos”.
En la reunión con los presidentes autonómicos Sánchez está acompañado por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; y las ministras de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González-Laya; la de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero; y la de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias. También estará presente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
El Consejo de Ministros de mañana estaba marcado en el calendario desde hace varias semanas, después de que la titular de Hacienda haya asegurado en varias ocasiones a lo largo de octubre que el proyecto sería aprobado a lo largo del mes.
La aprobación y presentación del proyecto de Presupuestos estaba pendiente de que las dos formaciones que integran el Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, finalizasen la negociación al respecto. En palabras de María Jesús Montero, el acuerdo entre ambos partidos estaba “prácticamente ultimado” y pendiente de “algún fleco”. En concreto, según señalaron fuentes del entorno de la formación morada la pasada semana, algunos de los temas que estaban todavía encima de la mesa eran los impuestos a las rentas altas, el control del precio de los alquileres, la subida del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) y mejoras en el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Fondos europeos
Las cuentas de 2021 se basarán en un incremento del 53,7 por ciento en el límite de gasto no financiero, el conocido como ‘techo de gasto’, gracias a la suspensión de las reglas fiscales que la semana pasada permitió el Congreso de los Diputados al reconocer la situación extraordinaria en la que se encuentra el país a consecuencia de la pandemia de Covid-19, lo que permite activar la cláusula de escape contemplada en el artículo 135 de la Constitución Española y el 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Según el cuadro macroeconómico del Gobierno, la estimación es que el déficit público cierre 2020 en el 11,3 por ciento y que en 2021 baje al 7,7 por ciento. De esta cantidad, la estimación del Ejecutivo es que el próximo año el déficit de la administración central sea del 2,4 por ciento, el de las comunidades autónomas se sitúe en el 2,2 por ciento, el de la Seguridad Social en el 3 por ciento, y el de las corporaciones locales sea del 0,1 por ciento. Sin embargo, la intención del Gobierno es asumir mediante transferencias la mitad del déficit de las comunidades autónomas y de la Seguridad Social, por lo que el déficit de la administración central sería del 5,2 por ciento, mientras que el de las autonomías quedaría reducido al 1,1 por ciento y el de la Seguridad Social al 1,3 por ciento.
Contenido
Parte del contenido de las cuentas de 2021 ya se conoce gracias al Plan Presupuestario que el Ejecutivo envió a la Comisión Europea el pasado 15 de octubre, en el que informó sobre una previsión de que las medidas fiscales que implantará en 2021 tendrán un impacto positivo de 6.847 millones de euros en la recaudación.
Según lo indicado en el documento remitido a Bruselas, el Ejecutivo estima que la ratio de ingresos sobre PIB se sitúe en 2021 en el 40,3 por ciento, frente al 41,7 por ciento de 2020, al calcular un incremento en términos absolutos de 33.447 millones de euros respecto a 2020 que sería menor al crecimiento esperado del PIB.
Sobre las nuevas medidas fiscales, Hacienda prevé recaudar 850 millones de euros con el nuevo impuesto a las transacciones financieras, conocido como tasa Tobin, y 968 millones de euros con el impuesto sobre determinados servicios digitales, tasa Google.
Además, el Gobierno creará el impuesto sobre envases de plástico de un solo uso, que ya ha superado el trámite de información pública, con el que estima una recaudación de 491 millones; y calcula unos ingresos de 340 millones al subir el IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10 por ciento al 21 por ciento. Con esta medida, además, estima recaudar otros 60 millones en 2022.
Por último, calcula que la nueva ley de medidas de lucha contra el fraude fiscal, cuyo anteproyecto fue aprobado el pasado 6 de octubre y que debe ser tramitado en el Congreso y el Senado, ingresará 218 millones por la limitación de los pagos en efectivo, 110 millones por el refuerzo de la lista de morosos y 500 millones por otras medidas incluidas en dicha ley, como la encaminada a prohibir el uso de softwares contables de doble uso.
De la parte de ingresos de los Presupuestos falta por despejar la incógnita sobre los ajustes concretos que se realizarán en imposición directa, indirecta y la fiscalidad verde, ya que el Plan Presupuestario incluía una previsión de recaudar 1.311 millones de euros adicionales con medidas de fiscalidad verde, 550 millones con medidas en el ámbito de la imposición directa y 1.509 millones en el de la imposición indirecta. Además, también incluye una previsión de ingresos en 2022 de 50 millones, 1.998 millones y 215 millones, respectivamente, en cada uno de estos tipos de fiscalidad.
En lo que respecta al gasto, el Plan Presupuestario contempla que la ratio de gasto sobre PIB pase del 53 por ciento en 2020 al 48 por ciento en 2021, aunque en términos absolutos supone 2.419 millones más. Entre las medidas incluidas por el Ejecutivo se encuentran la revalorización de las pensiones con el IPC; el aumento gradual ya previsto del permiso de paternidad, que se eleva de 12 a 16 semanas, lo que permite la equiparación con los permisos de maternidad; y el impacto del IMV. Así, todavía queda por conocerse otras cuestiones relativas al apartado de gasto, como la evolución de los salarios de los empleados públicos.
