Aunque el preámbulo del borrador cita numerosas disposiciones de la Constitución, el IIDMA advierte de que “omite los artículos 43, que establece el derecho a la protección de la salud, y 45, que recoge el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado”. Además de ello, el Real Decreto establecería que el organismo encargado de realizar un informe valorando la coherencia del cierre de una central con el cumplimiento de los objetivos medioambientales y del clima sería la dirección general de Política Energética y Minas, en lugar de una dirección general del MAPAMA, cuando el Ministerio de Medio Ambiente es el competente en esas materias. INFORMACIÓN COMPLETA EN BIERZODIARIO
