CCOO convocará movilizaciones en las universidades públicas de la Comunidad si la Junta no financia la LOSU

CCOO Castilla y León advirtió hoy de la posibilidad de convocar movilizaciones en las universidades públicas de la Comunidad si la Junta continúa sin financiar la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), a la vez que reclamó al Gobierno autonómico la creación de la Mesa de Universidades dentro de función pública, para que se pueda negociar con las cuatro instituciones académicas públicas de Castilla y León de forma simultánea.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Castilla y León, Elena Calderón, argumentó la necesidad de aplicar la LOSU y denunció la falta de respuesta de la Consejería de Educación a las peticiones del sindicato de mantener reuniones con la directora general de Universidades y con la propia consejera, Rocío Lucas, a la vez que criticó la postura de la Junta de “echar balones fuera y acusar siempre al Ministerio de Educación de todos los problemas”.

Según explicó la responsable de la Secretaría de Universidades del sindicato, Carmen Mascaraque, es necesario que la Junta adapte la normativa autonómica a la LOSU, que establece nuevas competencias para la autonomías, y que modifique la Ley de Universidades de Castilla y León, aprobada en 2003 y modificada por última vez en 2017.

Al mismo tiempo, Mascaraque planteó la creación de una mesa de negociación con las organizaciones sindicales más representativas del personal de las universidades para garantizar el adecuado cumplimiento de la LOSU, y reclamó a la Junta la elaboración de una programación plurianual que esté acompañado por un plan de financiación.

En este sentido, explicó que con una financiación adecuada se podría desbloquear la negociación de los convenios colectivos tanto del personal técnico de gestión y administración laboral, como del personal docente investigador contratado. A su vez, la representante de CCOO criticó la negativa de la Consejería de Educación a financiar su parte correspondiente del Plan Integra, iniciativa que hubiera supuesto la contratación de 455 ayudantes de doctor.

Por último, Mascaraque hizo referencia a un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre las universidades públicas de Castilla y León en el que se pone de manifiesto que la Junta no cuenta con una planificación estratégica a medio y largo plazo que aborde el sistema universitario, ni con un plan de financiación plurianual que “oriente a las universidades al logro de determinados objetivos concretos”.