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Juan López Castilla y León cuenta con más de 900.000 hectáreas forestales ordenadas, es decir, con una gestión forestal sostenible de las mismas. Ello supone el doble que en 2005 (427.030), con lo que el trabajo en estos años ha evolucionado hacia un monte más cuidado, lo que redunda, según los expertos, en una mejor producción de madera, en la reducción del riesgo de incendios y en un mejor aprovechamiento de los recursos. También, dado que la mayor parte de las políticas transversales se dirigen a luchar contra el cambio climático, esta herramienta permite que la huella humana sea más ecológica. La superficie ordenada en la Comunidad significa, por comparar, algo más de la provincia de Valladolid, que contabiliza 8.111 kilómetros cuadrados (811.100 hectáreas), o algo menos, por ejemplo, que Soria, con 10.306.
Los datos de la Estadística Forestal 2017 a los que tuvo acceso Ical, recientemente publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, señalan así que el casi una de cada cinco hectáreas de superficie forestal en la Comunidad está ordenada, es decir, el 18,73 por ciento. El porcentaje se encuentra en la línea de la media nacional del 18,33 por ciento, con algo más de 5,1 millones de hectáreas. Con estas cifras sobre la mano, Castilla y León cuenta en su territorio, también, con el 17,6 por ciento del total ordenado en España.
El responsable del Área de Gestión Forestal y Recursos Naturales de Cesefor, Roberto Rubio, señala a Ical que un monte ordenado cuenta con instrumentos de ordenación forestal, aprobados por la Administración autonómica y “vigentes”. Puede ser de varios tipos: proyecto de ordenación, plan técnico, adscripción a modelo selvícola, etc., pero en todo caso “ha de ir conformado por un técnico forestal y adecuarse a unas normas básicas”.
Rubio justifica que “no necesariamente” un monte limpio supone menos incendios, ya que el origen del fuego “es muy variable”. No obstante, existe un factor “importante ligado a la limpieza de los montes, que es la disponibilidad de recursos económicos para la ejecución de actuaciones preventivas de incendios previstas en los planes de ordenación de los montes, que en ocasiones no están disponibles, sobre todo en montes poco productivos, los cuales no generan los ingresos suficientes y dependen sobre todo de la inversión pública o régimen de ayudas existente”.
“Los montes no son jardines y no se puede hablar de qué estén limpios o sucios porque tengan vegetación, que es lo normal en ellos. Lo más importante es que estén gestionados conforma a criterios racionales y bien aprovechados, y en eso sí que repercute de forma directa la ordenación, porque es su objetivo”, subraya.
Diferencia entre comunidades
A pesar de no ser unos datos excesivamente negativos, en el conjunto del país hay autonomías con proporciones muy superiores. Es el caso de Navarra, líder indiscutible en el desarrollo de una gestión forestal sostenible, con el 58 por ciento de sus montes (344.293 hectáreas), o Cataluña, con el 40 por ciento (804.320). Andalucía alcanza el 28,3 por ciento y se sitúa, con 1,2 millones de hectáreas, como la comunidad con mayor superficie en términos absolutos.
En el lado opuesto se encuentran Asturias, con sólo un 2,19 por ciento de su territorio forestal en situación ordenada (16.898 hectáreas), y Aragón, con el 3,12 por ciento (81.571).
Rubio achaca estas diferencias a la complicación de comparar estas regiones con Castilla y León en términos de superficie forestal total como de arbolada. En este sentido, tanto Cataluña como Navarra disponen de una superficie forestal “arbolada” muy alta respecto del total, superior al 77 por ciento, cifra que en Castilla y León es cercana al 60 por ciento. “Los porcentajes de superficie ordenada tiene mucho más sentido compararlas con la arbolada que no con la total, en la que se incluyen pastizales o matorrales que no tienen la misma necesidad de ordenación forestal, aunque en todo caso es positiva”, aboga.
Castilla y León es un territorio “eminentemente forestal, muy grande y diverso en cuanto a la tipología de los hábitats forestales”. Cuanta con una superficie forestal de 4,9 millones de hectáreas, de las cuales tres corresponden con masa arbolada, pero únicamente 1,8 son “arbolado cerrado, es decir, propiamente bosques”. El resto, dehesas y montes claros o repoblaciones muy jóvenes. Del total arbolado, 1,3 millones de hectáreas disponen de gestión pública (Junta de Castilla y León) y 1,7 millones por sus propietarios. Ajustados al parámetro de la superficie arbolada de titularidad pública, el porcentaje se sitúa en cifras cercanas al 62 por ciento de superficie ordenada, superior a Cataluña, por ejemplo.
Montes públicos y privados
En la mayor parte de los casos, la gran cantidad de superficie que ya cuenta con gestión sostenible se apoya en montes de utilidad pública. Así, en Castilla y León, nueve de cada diez hectáreas ordenadas corresponden a ayuntamientos, juntas vecinales, diputaciones y el Gobierno regional, mientras que sólo el diez por ciento restante tiene propiedad de particulares.
De entre los primeros, el éxito total cada vez está más cerca, pues las 804.562 hectáreas ya ordenadas suponen casi la mitad (47 por ciento) de las propiedades repartidas por toda la Comunidad y que son de titularidad pública. Respecto a los particulares, las dificultades son mayores para este tipo de gestión. Hasta el momento se contabilizan 97.147 hectáreas, el 3,14 por ciento del dominio forestal privado. En este sentido, ya existen planes recogidos para el fomento de la ordenación en las propiedades particulares en el periodo actual del Plan de Desarrollo Rural de Castilla y León, con financiación para ello.
Organizaciones como WWF achacan el incremento de la combustibilidad de los montes al despoblamiento rural, al abandono de las actividades tradicionales, la falta de inversión y la ausencia de políticas “serias” que gestionen el territorio de forma ordenada y sostenible. “Se ha llenado de potenciales bombas forestales”, espeta. Y es que las herramientas de gestión forestal son un proceso de planificación y ejecución de prácticas para la administración y uso de los bosques y otros terrenos arbolados, con el fin de cumplir con objetivos ambientales, económicos, sociales y culturales específicos.
Repoblación forestal
Para contribuir al incremento de la superficie ordenada, las comunidades autónomas realizan anualmente repoblaciones en espacios que la superficie forestal gana a la agrícola o básicamente sobre el erial que deja un incendio, principalmente allí donde la naturaleza no ha podido renacer de sus cenizas.
En este sentido, Castilla y León repobló en 2017, según el informe, 2.594 hectáreas (16.341 en España). De ellas, 840 hectáreas correspondieron a especies protectoras y 624 a productoras, a las que se suman otras 1.129 hectáreas que se llevaron a cabo sobre tierras agrícolas. Además, se actuó en 9.334 hectáreas para reposición de marras, es decir, cubrir los huecos con plantas que faltan porque, o bien han muerto, o no cuajaron o han sido arrancadas.
Aprovechamiento maderero
Uno de los principales recursos del monte es la corta de madera. Castilla y León se situó en 2017 como la segunda comunidad con una mayor producción, con 2,1 millones de metros cúbicos (con corteza incluida) extraídos, si bien muy lejos de la región que lidera esta actividad, Galicia, donde se obtuvieron 9,6 millones de metros cúbicos, por encima del total nacional, que fue de 17,6 millones.
Con esta cifra, Castilla y León incrementó en un 17 por ciento la saca de madera de los bosques regionales. De la cantidad total, 1,6 millones correspondía a coníferas, principalmente pinos, y el resto, 424.000 metros cúbicos, a frondosas, referidas a chopos, hayas, castaños y robles, sobre todo.
Roberto Rubia señala que el hecho de que el que el montes esté ordenado “posibilita que su gestión pueda ser certificada conforme a estándares internacionales, lo que a su vez permite a la madera y otros productos forestales contar con una garantía de sostenibilidad de cara al mercado”.
