La consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio del Principado de Asturias, Belarmina Díaz, confirmó este viernes ante la Junta General que se han hallado indicios claros de extracción ilegal de carbón en la mina de Cerredo (Degaña), donde el pasado 31 de marzo una explosión de grisú causó la muerte de cinco trabajadores y dejó cuatro heridos.
Según Díaz, “las investigaciones posteriores al accidente revelaron la existencia de dos galerías no autorizadas en el tercer piso de la explotación, con dimensiones de hasta 30 metros de altura y más de 26 metros de longitud” declaró ante los medios. Estas cavidades no contaban con los permisos necesarios, ya que la empresa Blue Solving tenía autorización únicamente para acopiar y recuperar material, no para extraer carbón. Dicho permiso expiraba el mismo día del anuncio.
A pesar de que se realizaron nueve inspecciones previas sin detectar irregularidades, las exploraciones posteriores al accidente sugieren que se llevó a cabo extracción en huecos cerrados, lo cual contraviene la reglamentación minera.
La oposición ha criticado la falta de controles efectivos y la pasividad durante los nueve meses previos al accidente. Aunque no se buscará una responsabilidad judicial directa contra la consejera, se cuestiona la eficacia de su gestión y supervisión del caso.
Díaz ha negado que existiera negligencia por parte de la autoridad minera en relación con la mina de Cerredo y afirmó que se realizaron ocho inspecciones sin hallazgos de actividad anómala en el nivel afectado. También respondió a las acusaciones del diputado Adrián Pumares sobre un posible conflicto de intereses, tachándolas de “indecentes” y “machistas”, y defendió su honorabilidad y la de su familia.
Los grupos parlamentarios en la Junta General del Principado, excepto Vox, esperan las explicaciones de la consejera Belarmina Díaz, que comparecerá el viernes en comisión y el martes en pleno. Vox ha propuesto ya una comisión parlamentaria de investigación, pero la mayoría de los partidos prefiere esperar a las declaraciones de Díaz antes de tomar una decisión.
El Gobierno del Principado de Asturias ha negado cualquier actuación negligente en la vigilancia de la mina de Cerredo y confirmó que tras el accidente de 2022 donde murió un trabajador, se realizaron ocho inspecciones sin detectar anomalías. La consejera reconoció denuncias recientes entre empresas mineras y aclaró que ya se inició un expediente sancionador. También se pondrá en marcha una comisión especial de investigación desde el 28 de abril para esclarecer lo ocurrido.
Por su parte Ovidio Zapico, consejero de Ordenación del Territorio y coordinador general de IU Asturies, reclama depurar responsabilidades políticas y evitar que el foco se limite exclusivamente a las actuaciones de Blue Solving. Zapico advirtió que, aunque no hayan acusaciones judiciales contra la Administración, “hay responsabilidades políticas que deben asumirse”. Además pidió más medio para el Juzgado de Cangas del Narcea, encargado del caso. “Intuimos que la justicia no tiene los suficientes recursos para esta investigación”.
La investigación sigue en curso para determinar las responsabilidades y esclarecer los hechos que llevaron a esta tragedia en la mina de Cerredo.
