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Los alcaldes de ACOM España han mantenido este lunes una reunión en Bruselas para poner en conocimiento del Comité Económico y Social Europeo (CESE) y del Parlamento Europeo sus alegaciones al borrador del Reglamento que regulará el funcionamiento del futuro Fondo de Transición Justa.
Hasta Bruselas se han desplazado Mario Rivas (presidente de ACOM España y alcalde de Villablino), Aníbal Vázquez (alcalde de Mieres), Carmen Arbesú (alcaldesa de Langreo) y Ángel Calvo (alcalde de Páramo del Sil). Por parte de EURACOM, ha asistido a ambas reuniones su presidenta Ana Luisa Durán.
En el Plenario del CESE, celebrado esta mañana en Bruselas, Ana Luisa Durán ha puesto en tela de juicio la “descarbonización exprés” a la que se han sometido los municipios mineros españoles sin compensación alguna, lastrando sus posibilidades de recuperación. Así mismo, Mario Rivas, en un encuentro con el Presidente del CESE, le ha transmitido la preocupación de las comarcas mineras en España “por la falta de transparencia en los criterios de reparto de las ayudas europeas a la transición, que parten de la base de borradores de normativa injustos con la situación que viven los municipios mineros en nuestro país”.
Posteriormente, la delegación española de alcaldes ha mantenido una reunión con eurodiputados españoles para trasladarles sus propuestas de alegaciones al borrador del Reglamento europeo por el que se pondrá en marcha el Fondo de Transición Justa, dotado con 7.500 millones de euros. Han asistido al encuentro los eurodiputados Jonás Fernández, Ibán García y Esteban González Pons.
Entre las alegaciones figuran la de considerar un ámbito temporal elegible más flexible que reconozca los procesos de transición experimentados en las comarcas con anterioridad a 2020. Otros puntos clave serían: incluir indicadores para medir el esfuerzo en descarbonización; facilitar una discriminación positiva en la captación de inversión privada y por último establecer criterios objetivos y transparentes en el sistema de reparto del Fondo de Transición justa que incluyan fijar tanto un mecanismo de reparto justo (de la UE a los países miembros y desde los países a sus territorios) como la de poner en marcha un observatorio de datos específico para el análisis, evaluación, seguimiento y control de las ayudas.
