Patricia Castro / Violeta R. Oria El año 2018 será recordado por el final de la minería de carbón y de las centrales térmicas, de un siglo en el que las comarcas del Bierzo y Laciana vivieron fundamentalmente de la extracción del mineral y de su transformación en electricidad, si bien desde la década de los 80 el sector sufría una agonía in crescendo, camino de su anunciado final.
El 25 de octubre, el Gobierno, los sindicatos y la patronal rubricaban en el Ministerio de Transición Ecológica el acuerdo marco “para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2027”. El acuerdo daba respuesta a las consecuencias sociales de la decisión del Consejo Europeo de obligar al cierre de las minas de carbón en territorio comunitario que no devolvieran las ayudas estatales percibidas en el periodo 2011-2018 este 31 de diciembre, lo que afecta prácticamente a todas las explotaciones españolas.
El plan contempla una inversión de 250 millones en cinco años en las comarcas mineras, prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores de la mina, entre otras medidas. La mayoría de los firmantes del acuerdo coincidieron en señalar que era “el mejor posible” para garantizar el futuro de los trabajadores y las comarcas afectadas por el cierre de las minas.
A las puertas del ministerio se concentraban varias decenas de trabajadores de contratas y empresas auxiliares del sector para protestar contra los términos del acuerdo que les deja fuera y que a día de hoy prosiguen su lucha por formar parte de él.
Menos de un mes después, el viernes 16 de noviembre, con la liquidación de Uminsa, finalizaba la extracción de carbón en las dos minas que quedaban abiertas en la comarca berciana, la gran corta de Fabero y el pozo Salgueiro de Torre del Bierzo.
Cierre de las centrales térmicas
Al cierre de las minas se viene a sumar el de las centrales térmicas. El dos de diciembre la central térmica de Anllares se desconectaba tras consumir las últimas reservas de carbón que quedaban en el parque, poniendo fin a 36 años de trabajo. Naturgy había recibido el pasado 21 de noviembre la autorización para el cierre de la central, que ahora pasa por una serie de procesos en sus equipos para finalizar la operación de clausura.
Tras su cierre, una veintena de trabajadores de Naturgy tramitan sus prejubilaciones, mientras que el resto serán reubicados en diferentes puntos del país. Falta saber qué pasará con los trabajadores de la auxiliar Masa, protagonistas de movilizaciones para garantizar su futuro. El 29 de diciembre, Naturgy anunciaba el cierre de su otra central térmica en la provincia leonesa, la de La Robla.
Mientras tanto, la otra central del Bierzo, Compostilla, ubicada en Cubillos del Sil, sigue a la espera de su clausura tras la presentación, el 20 de diciembre, de los planes de cierre y de acompañamiento. Mediante este último, Endesa se compromete a una serie de medidas compensatorias, como la recolocación de los trabajadores en otras centrales, trabajo temporal para las empresas auxiliares en el desmontaje de la central y una inversión de 240 millones de euros en instalaciones solares fotovoltaicas en el Bierzo.
Empresas auxiliares
Sobre el personal de las empresas auxiliares de Compostilla, Endesa ha manifestado que se prevé que participen en el desmantelamiento, que obligará a ampliar en entre 130 y 140 personas el personal para dedicarlo a estas tareas, con puntas de hasta 200 personas en algunas fases.
El 29 de noviembre, el Consejo Comarcal del Bierzo aprobaba por unanimidad, en sesión plenaria, la moción presentada por PeC, instando al Gobierno de España a la puesta en marcha de un plan social “para satisfacer las necesidades de empleo” de los trabajadores de las empresas auxiliares y contratas de las térmicas de Compostilla, Anllares y de la minería del carbón.
La moción pide acciones formativas para los trabajadores y nuevas oportunidades de empleo a través de proyectos de industrialización. En el texto se advierte además de que las consecuencias del cierre de las térmicas y el fin de la minería no se han valorado suficientemente, pues podrían abocar “a la pobreza”.
Laciana: cierre en Cerredo y a la espera de noticias para La Escondida
En la comarca de Laciana la situación es similar. Astur Leonesa, que opera en el pozo asturiano de Cerredo, ha echado también el cierre e Hijos de Baldomero García, en La Escondida, en Caboalles de Arriba, despedía hace unos días a la mayor parte de su plantilla, expecto a una decena de trabajadores que realizan trabajos de mantenimiento en la mina.
Astur Leonesa comenzaba 2018 con impagos en las nóminas y con la solicitud de la administración concursal, al Juzgado de lo Mercantil de Oviedo, de instar a la compañía a abrir la fase de liquidación. La petición se formalizaba en marzo, tras expirar el plazo para que el propietario de la sociedad, Rodolfo Cachero, presentara el aval de cuatro millones que le solicitaban para hacerse de nuevo con las riendas de la empresa.
En verano se aprobaba el inicio de la fase de liquidación y un ERE de extinción para toda la plantilla. Durante el período de consultas, el comité de empresa solicitó que el ERE no se aplicase hasta que concluyera la fase de ofertas de compra de la unidad productiva. Casi finalizando el año, el juzgado aprobaba un ERE de suspensión, hasta el 15 de enero. En los próximos días se procederá al ERE de extinción a menos que aparezca un comprador.
Los trabajadores han despedido el 2018 sin cobrar las nóminas y con la aprobación del plan de liquidación de la compañía. El dictamen judicial acepta la dación en pago a favor de Coto Minero Cantábrico, a quien Astur Leonesa tendría que hacer entrega del patrimonio para saldar la deuda acumulada. Así, la última palabra la tendrá CMC.
En el caso de La Escondida hay algo de esperanza. El 21 de diciembre el propietario de la empresa, Manuel Lamelas Viloria, se reunía con el secretario de Estado de Energía y anunciaba su intención de continuar la actividad en La Escondida (Caboalles de Arriba) en 2019 y que ambas partes buscarían la fórmula jurídica para cumplir con las directrices de la UE sobre la devolución de ayudas.
Así, La Escondida, último reducto minero, queda a la espera de esa fórmula, que de no llegar o de ser demasiado rígida supondría el adiós definitivo al carbón no solo en la provincia de León sino en toda la comunidad autónoma.
