El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y los portavoces parlamentarios de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos -también tiene el apoyo de UPL aunque no estuvo en el acto- firman a finales de marzo el pacto industrial, cuya prioridad es que la industria manufacturera tenga un peso del 20 por ciento y el gasto en I+D+i público privado del tres por ciento del PIB en 2020. Además, se apuesta por el carbón autóctono y se renuncia a la técnica de fractura hidráulica fracking. El Consejo de Gobierno aprueba en junio su desarrollo, con el Plan Director de Promoción Industrial, que incluye un el compromiso alcanzado de una inversión de 836,6 millones en el horizonte 2017-2020.
Sin embargo, el final de 2017 marca la cuenta atrás para el sector de la minería del carbón, en parálisis absoluta. El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal asume en el Congreso de los Diputados que desconoce qué quedará de un sector mermadísimo a 31 de diciembre de 2018, fecha marcada por Europa para la devolución de las ayudas de aquellas explotaciones que mantengan su actividad por ser competitivas. “Quedan 400 mineros en España y diez instalaciones. Y el año que viene no sé qué quedará”, dice el 29 de noviembre en la Cámara.
La puntilla tras la normativa europea sobre el cierre de las explotaciones del carbón llega de la mano de las eléctricas, que empiezan a anunciar el cierre de las térmicas y sin esas centrales, no hay quema de carbón. Primero Enel, en mayo, con Compostilla para 2020; y después Iberdrola, en noviembre, con Velilla (Palencia) y Lada (Asturias).
El ministro Nadal se reúne el 9 de mayo con el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, y se compromete a hacer todo lo posible para evitar estos cierres. El Gobierno anuncia ese mes que impulsará una normativa para evitar la clausura de estas plantas por seguridad energética aunque no logra el consenso parlamentario.
El anuncio de Iberdrola precipita su decisión y saca un Real Decreto para frenar estas decisiones. El 24 de noviembre, Herrera, y Nadal se reúnen con el máximo responsable de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que ratifica su decisión y el presidente regional exige una rectificación y afirma que la compañía tiene muy poco corazón. Frente a esta postura empresarial, llega una buena noticia el 20 de diciembre, con un acuerdo en el Consejo de Energía de la UE para alargar las subvenciones para la quema de carbón a las térmicas hasta el año 2030.
Castilla y León exige insistentemente que el mineral siga formando parte del mix energético nacional y que el Estado abone a Castilla y León 55 millones pendientes de liquidar de los Miner para reactivar las zonas. Mientras tanto, la Junta dota de nuevos soportes institucionales de coordinación, cooperación y supervisión al Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León (2016-2020); crear el comité de seguimiento y la figura del comisionado.
Nadal advierte también a mediados de noviembre en el Congreso que el cierre de las centrales de carbón provocaría un aumento del precio de la electricidad del 15 por ciento “en las puntas de invierno”. Además, si se cerrasen las centrales nucleares, asegura, subiría un 25 por ciento el precio. El ministro sostiene que el carbón no impacta en los objetivo ambientales europeos si se sostienen las nucleares.
La Junta también se suma a la Plataforma de Regiones Carboneras en Transición, que se presenta el 11 de diciembre en Estrasburgo, para buscar alternativas a la minería.
